La adaptación de los estatutos del Serla a la nueva Ley de Fundaciones de Castilla y León que acaba con los acuerdos por unanimidad del patronato se producirá "de forma automática" a los tres meses de la entrada en vigor de la nueva normativa, que se modificó vía enmienda a la ley de medidas de los presupuestos de 2024 de Castilla y León, aprobados el 30 abril (se publicaron en el BOCyL el 14 de mayo).
El Patronato de la Fundación Serla se reunió hoy para exponer las nuevas modificaciones establecidas en la ley y se sometió a votación su aplicación, en la que los sindicatos CCOO y UGT votaron en contra de la adaptación de los estatutos, mientras que CEOE se abstuvo y los patronos de la Junta lo apoyaron.
La nueva normativa da un plazo de tres meses, desde su entrada en vigor, para que todas las fundaciones públicas de Castilla y León adapten sus estatutos, explicaron fuentes de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a Ical; por lo que al votar en contra los sindicatos en su condición de patronos, se producirá en ese plazo de forma automática "evitando de este modo un nuevo bloqueo del Serla".
Las mismas fuentes del departamento que dirige Mariano Veganzones constataron que la entrada en vigor de los cambios normativos incorpora la eliminación del régimen de acuerdos por unanimidad actual como criterio de adopción de las decisiones en las fundaciones de la Comunidad, lo que acabará con el bloqueo a las pretensiones la consejería.
En este sentido, trasladaron que esta modificación "permitirá el cambio de domicilio del Serla a los espacios cedidos gratuitamente por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y ahorrar hasta 110.000 euros a los ciudadanos".
Además, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, como representante de la Junta, comunicó el requerimiento de reintegro de hasta 140.000 euros de las subvenciones que el Serla recibió en 2022. "Este importe deberá ser devuelto por falta de justificación", sentenciaron.
Además, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, como representante de la Junta, comunicó el requerimiento de reintegro de hasta 140.000 euros de las subvenciones que el Serla recibió en 2022. "Este importe deberá ser devuelto por falta de justificación", sentenciaron.
Secuestro político
Desde la UGT se denunció que el 15 de agosto se materializará el "secuestro político decisorio" de las fundaciones públicas, el que aprueban PP y Vox, que "aplican el rodillo político en las Cortes", según señaló el secretario autonómico de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social del sindicato, Raúl Santa Eufemia. Recordó que esto será así, tal y como figura en la ley de medidas de acompañamiento del presupuesto de Castilla y León para 2024, que daba luz verde a que las decisiones en los patronatos de las fundaciones "no tendrían la necesidad de aprobar las decisiones por unanimidad y sirviese la mayoría simple".
Santa Eufemia señaló, en declaraciones recogidas por Ical, que con el resultado de la votación del patronato del Serla (cinco de la Junta a favor de modificar la ley, cuatro en contra, los de UGT y CCOO, y las dos abstenciones de la CEOE), "no procede a comenzar el cambio de reglamento de estatutos del Serla", si bien recordó que como muy tarde el 15 de agosto se acometerá lo que calificó de "secuestro político decisorio",
Santa Eufemia justificó que UGT se ha posicionado en contra porque el Serla "tiene naturaleza de origen paritario y bipartito", además de existir, añadió, una sentencia del Tribunal Supremo que pone de manifiesto la "exigencia de la unanimidad para tomar decisiones".
También rechazó el informe jurídico presentado esta tarde por la Junta para argumentar el voto a favor por la "falta de seriedad política" por la ausencia "documental en tiempo y firma", cuando se trata de una decisión "tan importante para las fundaciones públicas de la Comunidad".
Al no haber unanimidad en la jornada de hoy, el 15 de agosto "pasará a procederse el secuestro político decisorio" de los patrones de las fundaciones, ya que la Junta de Castilla y León, a través de la votación en cortes del PP y de Vox, añadió que si en tres meses no se cambiaban los estatutos y los reglamentos de las fundaciones públicas, "sería obligado cumplimiento esa ley de la decisión en los patronatos de las fundaciones públicas". Las cuentas se publicaron en el Bocyl el día 14 de mayo.
"Después de 24 años, PP y Vox han entendido que ya no les valen las reglas del juego para totalmente coartar, sobre todo, a la Fundación Serla", alertó Santa Eufemia, quien se preguntó qué sucederá en los próximos días con el resto de fundaciones.