La Sala de lo Social de Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Castillla y León (TSJ) acaba de condenar, una vez más, a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) a pagar el importe de la administración de la hormona del crecimiento entre noviembre de 2018 y febrero de 2023 (25.171 euros) a un niño a quien diagnosticaron «baja talla patológica» en Pediatría del HUBU en 2015. Sin embargo, la familia tiene que iniciar el mismo proceso para el reintegro del importe de la terapia en el último año y en los sucesivos, hasta que no la necesite más.
El HUBU prescribió la terapia con la hormona somatropina y en 2016 pidió a Sacyl la valoración pertinente de los informes del crío, para poder facilitársela. La legislación establece que este tratamiento debe estar refrendado por un comité de expertos conformado por doce profesionales con distintos cargos en la Consejería de Sanidad (pero cuyas identidades nunca se hacen públicas) porque puede tener efectos secundarios, pero también para evitar que se utilice sin necesidad y optimizar los fondos públicos. El comité decide en base a unos parámetros clínicos y, en este caso, lo denegó en 2016 porque el niño no cumplía «criterios de crecimiento intrauterino retardado». En Castilla y León, no obstante, hay mucha disparidad entre provincias.
Los padres, José Miguel Martín y Patricia Gamazo, recurrieron a la sanidad privada, ya que el niño pasó «dos años sin crecer ni engordar nada». Una especialista de Madrid prescribió el fármaco, que la familia compró y empezó a pinchar en noviembre de 2018, bajo supervisión de un pediatra de Burgos, también de la privada y que, a su vez, consideró necesaria la hormona y la ha prescrito desde entonces.
Las sentencias, tanto la del Juzgado de lo Social de Burgos como la del TSJ, especifican que al año de recibirla, el HUBU indicó que se estaba produciendo «muy adecuado crecimiento» y que había «ganancia recuperadora». Así, el hospital público solicitó que se evaluaran de nuevo los informes del crío para financiar la terapia, pero Valladolid volvió a denegarlo en febrero de 2020. Y, según se afea en la sentencia de primera instancia, «sin especificar motivo alguno, más que se debía interrumpir el tratamiento seis meses para su valoración»; algo que ahora ratifica el TSJ, que obliga a pagar los primeros cuatro años de terapia, entre noviembre de 2018 y febrero de 2023.
Sí hay urgencia. Las dos sentencias coinciden al criticar que Sacyl denegara el reintegro del tratamiento por la vía administrativa argumentando que no se percibía «urgencia vital» y recuerdan que el Supremo «ha afirmado reiteradamente» que este concepto no alude solo a la vida y la muerte, sino a «lograr una mejor calidad de vida, y a este fin está destinado un tratamiento, como el que nos ocupa».
Recuerdan que esta hormona no está «sometida a condiciones especiales de financiación» y, a diferencia de lo que esgrime Sacyl, niegan que la familia haya «abandonado voluntariamente el sistema sanitario público sin haber agotado todas las posibilidades», dado que la terapia la prescribe y solicita el HUBU las dos veces. Sendos fallos aluden también a otro informe de 2021 del HUBU en el que se indica que el niño crecía «más de 7 centímetros al año», lo cual «evidencia» la eficacia. El menor, de hecho, ahora tiene talla normal. «Su fisionomía ha cambiado por completo», asegura su madre.
La abogada de la familia, Teresa Martín, añade que, además de los nuevos recursos, presentará reclamaciones en el Defensor del Pueblo y del Paciente «porque es una cuestión de igualdad: hay muchos padres que no recurren por falta de medios económicos». La madre, de hecho, asegura que «nosotros hemos podido gracias a nuestros familiares; si no, es inviable. Para muchas familias lo es».