En la Jefatura Provincial de Tráfico tienen la sensación desde hace dos años de que la covid-19 afectó de una manera negativa en la seguridad vial. Una teoría que se ha convertido en certeza a medida que crecían la siniestralidad y las infracciones. Y la memoria del Ministerio Fiscal ha terminado por encender todas las alarmas. En 2022 se batieron récords de diligencias incoadas y también de sentencias. Lo más preocupante es el incremento del 27% en la conducción sin licencia y un nuevo repunte en los delitos por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. La DGT lo achaca a cierta «desidia» en algunos ciudadanos. 

A nivel general, los delitos contra la seguridad vial investigados por la Fiscalía en 2022 crecieron alrededor de un 6% con respecto al año anterior, cuando también repuntaron. De entre todas las infracciones, cabe destacar la conducción sin carné, pues las diligencias previas y urgentes incoadas se han disparado. De las 245 contabilizadas hace dos ejercicios a las 313 del pasado. A esto hay que sumar las 242 sentencias condenatorias dictadas, 54 más que en 2021. 

Para entender la dimensión del problema en la provincia de Burgos, basta con comparar este crecimiento con la media nacional, que ya fue de récord. Mientras en España se incrementaron un 12%, aquí se rozó el 30%. Y en la Jefatura Provincial no son ajenos a ello. «Hay un cierto sector de la población que parece instalada al margen de la ley y esto tiene su pequeño reflejo en la seguridad vial. Por ejemplo, aquellos a los que les da igual conducir sin permiso», señala el jefe de Tráfico en Burgos, Raúl Galán. 

La mayoría de infractores condenados por esta tipología delictiva, señala Galán, habían perdido el permiso de conducir por la comisión de algún delito previo. Es decir, que son reincidentes. En este sentido, destaca el incremento de vigilancia y controles en los centros de formación y de exámenes. «Desde el año pasado estamos haciendo campañas exhaustivas con la Guardia Civil porque teníamos la sensación, y a las pruebas nos remitimos, de que muchos venían a recuperar el carné en su propio vehículo», recalca. 

En Tráfico no ocultan su asombro por determinadas cifras, pues recuerdan que la reincidencia en las conductas delictivas agrava las penas. Dicho de otro modo, que la privación de libertad por una condena previa se hace efectiva. «La mayoría de infractores suelen pactar sus penas con la Fiscalía y la primera que se suele imponer por consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, son ocho meses sin permiso de conducir. Si terminas incidiendo una y otra vez, al final terminas en prisión», explica el jefe de Tráfico, quien añade que «los informes de Instituciones Penitenciarias muestran que los internos por este tipo delitos han crecido en los últimos años». 

Una adicción. Seis de cada diez delitos contra la Seguridad Vial son por conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. La mayoría de ellos terminan en esa retirada del carné durante aproximadamente un año, pero en Tráfico han detectado que la reincidencia lleva aparejada una adicción, y eso es lo que tienen que evaluar detenidamente en el seno de la administración.

Desde luego, cada año las diligencias abiertas por el Ministerio Público superan el medio millar y en los últimos tres no han parado de crecer. En 2022, fueron 627 expedientes incoados, cinco más que el ejercicio anterior. Además, se dictaron 483 sentencias, lo que supuso un repunte del 16%.  Cabe resaltar, además, un ligero incremento en las imputaciones por negarse a realizar la prueba de alcoholemia. 

«Creo que cada vez tenemos unas conductas más bipolares. La mayoría de la gente lo hace bien o muy bien. Sin embargo, hay un sector que lo hace extremadamente mal, con absoluta desidia. Tanto, que es capaz de coger un vehículo bajo los efectos del alcohol y las drogas», lamenta Raúl Galán, quien reconoce que hay una asignatura pendiente, «no sólo a nivel penal, sino también administrativo», para responder a este incremento de los delitos por conducir ebrio. 

Y es que, en la Dirección General de Tráfico están viendo que estas conductas «tienen que ver con la adicción al alcohol y las sustancias». El jefe provincial cree que es necesario aunar esfuerzos entre diferentes administraciones para poder hacer frente a esta problemática. «Es un ámbito sobre el que no tenemos competencia. Hay que hablar con servicios sociales y con autoridades médicas para ver cómo actuar cuando detectamos que una persona no delinque con intencionalidad, sino que tiene algún tipo de adicción. Porque con sanciones administrativas o penales no vas a solucionar el problema», puntualiza. 

En el Ministerio Público también consideran que la respuesta de la Justicia no debe ser la única para frenar el incremento de delitos de tráfico. Infracciones que, tal y como recordó hace unas semanas el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad en nuestras carreteras». En este sentido, apuestan por una mayor concienciación entre los conductores al detectar también una relajación al volante. 

Tanto García Ortiz como el fiscal delegado de Seguridad Vial a nivel nacional, Luis del Río, coincidieron en que las normas que hay se consideran suficientes y, de hecho, tres de cada cuatro procedimientos incoados en materia de seguridad vial ya terminan en condena.  «Tras la pandemia y las restricciones propias de la misma hemos comprobado que ha habido un cambio en los hábitos viales de la ciudadanía, de tal forma que se han incrementado estos delitos y se ha producido una pérdida de la conciencia vial que sí se tenía hasta no hace mucho», expresó Del Río.