Dentro de un par de semanas se cumplirá un año desde que Aspanias reveló en estas mismas páginas la difícil situación económica por la que atravesaba y algunas de las medidas más inmediatas que iba a poner en marcha para reconducirla: el despido de 70 trabajadores y la búsqueda de un préstamo que cifraba en 2,7 millones de euros. Desde entonces la situación de la entidad histórica que representa los intereses y cuidados de muchas personas con discapacidad intelectual de Burgos y provincia y sus familias no ha mejorado; más bien al contrario, ha empeorado visiblemente.
2020 no ha sido un año fácil para nadie, evidentemente, pero mucho menos para esta organización. A la conflictividad laboral que llevó a sus trabajadores a la huelga ya protestar en la calle, se le unió un grupo cada vez más numeroso de familias muy críticas con la gestión de años anteriores en la que, a su juicio, está el germen de la situación actual; varias denuncias en los tribunales y hasta siete expedientes sancionadores por parte de la Junta, que actualmente están abiertos por diferentes motivos vinculados a la escasez de recursos humanos y al deterioro de los servicios. En este sentido, en la Gerencia de Servicios Sociales llevan meses realizando inspecciones e instando a la entidad a que solvente las irregularidades detectadas. "Cualquier situación anómala que se detecte puede conllevar la sanción pertinente, incluso la resolución de los conciertos. En todo caso, se va a garantizar siempre la atención de las personas "insisten desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que, como en otras ocasiones, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias.
La única buena noticia que recibió Aspanias el año pasado la anunciada el 15 de diciembre: la obtención de un aval de 750.000 euros con la intervención de Iberaval, si bien para las familias contrarias a la gestión que se está realizando, y que se han constituido en un grupo de nombre Aspanias Cambia, esa cantidad apenas ha servido para pagar el total de nóminas.
Ante semejante panorama, la organización Plena Inclusión Castilla y León a la que pertenece Aspanias (se trata de una especie de 'federación' de asociaciones de discapacidad intelectual de todas las provincias) con el respaldo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades le planteó a la organización burgalesa una salida reflejada en una 'Hoja de ruta para el plan de apoyo al Grupo Aspanias ', fechada el 1 de diciembre. Este documento contiene un programa completo de medidas económicas y de organización "para generar la confianza que requiere la superación de la crisis económica por la que atraviesa el Grupo Aspaniasy la efectividad de los planes de reconstrucción y de viabilidad, así como para mediar con algunas instituciones y grupos de los que dependen la continuidad de las obras sociales ". Aspanias lo rechazó en su momento, es decir, en diciembre, según confirman a DB fuentes de toda solvencia. Por su parte, desde su actual comité de dirección aseguraron que "es un tema en el que se está trabajando precisamente en estas semanas": "Nosotros somos Plena Inclusión, además de miembros fundadores, y existe una colaboración estrecha como ha habido siempre ".
Con el grueso del planteamiento de esta hoja de ruta estaban de acuerdo también las familias de Aspanias Cambia, que no comprenden transferencias son las razones por las que la entidad no se deja ayudar dada la complicadísima situación que atraviesa y creen que negándose a ser auxiliar lo que pretende es que no se conozcan los detalles de la gestión realizada en los últimos años y que ellas llevan solicitando insistentemente desde hace tiempo. Estas personas se reunieron el pasado 3 de diciembre tanto con responsables de Plena Inclusión Castilla y León como con el gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos.
Este rescate de Aspanias incluía medidas urgentes, otras a medio y largo plazo y un plan estratégico con el horizonte puesto en 2027. Entre las primeras se encuentra la constitución de un nuevo equipo de dirección con un máximo responsable cuya trayectoria profesional no hubiera tenido implicación previa con el Grupo Aspanias "para garantizar la imparcialidad" y que se hubiera incorporado el pasado mes de enero, y seis técnicos, tres designados por Aspaniasotros tres por Plena Inclusión Castilla y León. El plazo que daban para la puesta en marcha de este equipo era el 21 de diciembre. Como "aliados" se proponía incorporar profesionales de Plena Inclusión España (la organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que incluye cerca de 900 asociaciones) y de la Fundación ONCE.
Lo más inmediato que se planteaba -tenía que haber estado listo en enero- era "identificar las áreas que requieren una solución inmediata por el impacto y riesgos de su incumplimiento" con un plan de tesorería, pago de impuestos, Seguridad Social y nóminas, medidas correctoras con respecto a las irregularidades indicadas en los expedientes de la Junta y la revisión de los expedientes de las subvenciones. Aspanias recibe de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades unos siete millones de euros anuales para el mantenimiento de sus servicios, cifra a la que hay que sumar las partidas de otros departamentos de la Junta. Después se hubiera hecho encargado una auditoría externa -como viene solicitando Aspanias Cambia- para realizar el análisis de las cuentas de 2019 y de 2020 que hubiera permitido "obtener una imagen fiel y ajustada al verdadero estado económico del grupo", según Plena Inclusión Castilla y León.
A medio y largo plazo se hablaba de un plan de viabilidad que incluía la intervención en el área de empleo y en el área social. Para la implantación de medidas en estos ámbitos se planteaba el apoyo económico tanto de la Fundación ONCE como de las consejerías de Empleo e Industria y de Familia e Igualdad de Oportunidades.