Ya son varios años que el Ministerio Fiscal está muy pendiente del incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Una subida que ha sido progresiva a nivel general y que, en el caso de los cometidos por menores de edad, se han duplicado en tan solo cinco años. Una circunstancia que desde luego inquieta, si bien a lo largo de este lustro la han analizado para sacar una primera conclusión: hay más conciencia social, incluso entre las víctimas adolescentes, a la hora de denunciar. 

La subida hay que verla con la perspectiva de los años. En 2017, la Fiscalía de Menores de Burgos instruyó diligencias por siete casos de abusos y agresiones sexuales. En 2022, se alcanzaron los 16. Fueron, eso sí, dos menos que el ejercicio anterior, lo que en el Ministerio Público consideran una «estabilización», al menos momentánea. 

La fiscal delegada de estos asuntos, Nuria de Prado, explica que los episodios que han investigado no tienen que ver con «ataques» a chicas jóvenes en la calle, como se suele tender a pensar cuando se habla de agresiones sexuales. Son más bien relaciones mantenidas entre personas de la misma edad o al menos próxima. «Son contactos que en un principio son consentidos, pero que en el momento de dar un paso más íntimo la víctima no accede», desarrolla. 

Los comportamientos que describe la fiscal estaban, en cierta manera, normalizados entre los jóvenes y también los mayores de edad. Pero ya no. De ahí que ahora se denuncie mucho más. «Creo que hay una concienciación de la sociedad, también de los adolescentes. Ahora son conscientes de que hay cosas que no se deben tolerar».

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