Las viviendas en estado ruinoso entrañan un importante problema a los municipios más pequeños y Poza de la Sal no se libra de ello. Con el fin de evitar que estas edificaciones acaben por venirse abajo, el Ayuntamiento actuará en la medida de lo posible y reparará ciertos daños que suponen un peligro para los vecinos en el caso de que los propietarios, obligados a tomar medidas para garantizar la seguridad, no cumplan con sus responsabilidades.
Desde principios de año, el equipo de gobierno ha acordado afrontar la ejecución de las actuaciones necesarias para asegurar la estabilidad estructural de tres inmuebles privados muy deteriorados, que han sufrido derrumbes parciales en los últimos tiempos y suponen un peligro para los vecinos, con el objetivo de que el estado de estos no empeore y finalmente tengan que ser derribados, un hecho que implica un incremento en la inversión. El Consistorio requirió a los propietarios que hicieran frente a las obras necesarias destinadas a mejorar la conservación a través de diversas órdenes de ejecución sin éxito, pero dado que ha transcurrido un largo periodo de tiempo sin que las mismas se hayan cumplido, finalmente las intervenciones se han costeado con fondos municipales. «Luego se cargará la factura a los propietarios, siempre que podamos localizarlos con ayuda del Juzgado», declara el alcalde del municipio, Domingo Núñez.
La resolución del Ayuntamiento remarca que en las casas en las que ha actuado «no consta ninguna persona empadronada» y no se encuentran en condiciones de habitabilidad. Además, considera que existe una imperiosa necesidad de «garantizar la seguridad y salubridad» para justificar las intervenciones realizadas.
Hasta el momento han invertido «1.000 euros en la reparación de la cornisa» de una fachada que amenazaba con desprenderse, en el «tejado» de una segunda aproximadamente la misma cantidad y «algo más de 2.000» en una casa que llevaba más de cinco años vallada por peligro de derrumbe. «Hemos solicitado los permisos para reparar parte del tejado de una cuarta y el siguiente paso es pedir presupuesto para abrir un expediente y actuar para eliminar el peligro en una quinta. El coste será de unos 4.000 euros pero, en el caso de que dejemos pasar el tiempo, haya que derribarlas y los dueños no se hagan cargo, el gasto para el Ayuntamiento será mucho mayor», explica el regidor.
Por otro lado, se han abierto dos expedientes de ruina de dos viviendas de la calle El Cristo, la número 51 y 53. En esta ocasión, el Consistorio pretende reunirse con los dueños de ambas propiedades para «alcanzar un acuerdo y que sean ellos los que afronten los costes» de las actuaciones. Núñez asegura que quiere evitar «siempre que sea posible» que las casas en ruina acaben por desaparecer.