Cuando Santa María de Garoña apagó su reactor en 2012, allí se contabilizaban más de 600 trabajadores, algo más de 300 de la firma Nuclenor, su propietaria, y más de 300 de subcontratas que prestaban en la planta sus servicios de forma directa, sin contar con los indirectos de firmas que abastecían al comedor de la central, talleres que realizaban trabajos desde sus propias sedes, etc. A día de hoy, en Garoña trabajan 70 personas de Nuclenor, 33 de Enresa y 120 de contratas, es decir, unas 220, y el desmantelamiento elevará a un máximo de 350 trabajadores ese total. Así pues, aún me faltan unos 300 empleos para compensar. Dentro de diez años, cuando se acabe el desmantelamiento, me faltarán 600.

El Gobierno de Madrid dice que está compensando a 27 municipios del entorno con un convenio de 'transición justa' que hasta hoy ha traído 7,7 millones en ayudas a los ayuntamientos, que aún no las han materializado y que, solo en casos excepcionales, van a generar empleo. Mejorar centros sociales; crear espacios de coworking que ya han fracasado en otros puntos de Merindades; acondicionar una residencia de mayores ya existente que mantendrá la misma plantilla con 3 de esos 7,7 millones...

Perdonen, pero eso no genera empleo. Si de verdad ustedes quieren que los municipios del área de Garoña recuperen el músculo económico que tenían y se aleje de ellos el fantasma de la despoblación, tomen medidas eficaces, como ofertar la energía eléctrica a las empresas mucho más barata por estos lares. Porque generar, hemos generado mucha y la seguimos generando con más de 300 aerogeneradores, sin contar las tres plantas solares fotovoltaicas aprobadas cerca de la nuclear.

Apuesten por una fiscalidad para las empresas que las discrimine positivamente en las zonas rurales, donde tendrán que soportar malas comunicaciones. Y ya, si quieren ayudarnos de verdad, construyan vías de comunicación adecuadas para la logística empresarial. Queremos trabajo. Lo demás son limosnas.