Beber un vaso de agua en cualquier municipio de la provincia será una acción cada vez más controlada y segura para sus habitantes permanentes y los miles de veraneantes que la pueblan durante estos días. Al menos, ese es el espíritu de la nueva normativa nacional (Real Decreto 3/2023, de 10 de enero) que, entre otras novedades, ha obligado a los responsables de las redes de abastecimiento y suministro -todos los ayuntamientos (sea cual sea su tamaño)- a extremar aún más los controles sanitarios y de calidad sobre las aguas de consumo humano de su competencia.

La exigencia legal cobra toda su dimensión cuando, como ha ocurrido en las últimas semanas, se activan alertas por contaminación como las que han afectado a varios pueblos del Valle del Rudrón (limitando temporalmente el consumo de grifo), o cuando los periodos de sequías prolongadas obligan a realizar nuevas captaciones y más profundas para mantener el suministro básico a las poblaciones. 

Los expertos advierten de que el sistema de control del agua del consumo humano está «muy bien estructurado» a nivel nacional, «otra cosa es el grado de cumplimiento local de los análisis periódicos de la calidad en las aguas, especialmente en todo el universo de pequeños municipios de Burgos».

La provincia se estructura en 293 zonas de abastecimiento y cuenta con 3.913 infraestructuras centradas en llevar el agua a los hogares e industrias con la mayor calidad posible. El censo registrado en el SINAC, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, cifra en 1.191 las captaciones operativas en la provincia en 2022, que están conectadas a 821 estaciones de tratamiento, 1.068 depósitos y 833 redes de distribución.

A lo largo del pasado año, último dato facilitado por la Junta de Castilla y León, esta red fue sometida a 6.329 análisis y en casi el 90% de los mismos se determinó que el agua era apta para el consumo humano. Solo en 16 casos se declaró que el agua no era apta y conllevaba riesgos para la salud.

Los controles se realizan en diferentes puntos de la red (manantiales, depósitos, fuentes públicas, grifos de usuarios finales...) y con parámetros y periodicidades diferentes por puntos de control y también por tamaños de población. Lógicamente, cuanto más habitantes se atiende, más exigencias.

La nueva norma, aún pendiente de su adaptación a la legislación autonómica, obliga a un análisis completo de calidad en los puntos de captación, analíticas que deben atender a cerca de un centenar de parámetros y que se realizarán con una periodicidad anual. Estos análisis, que garantizan con exactitud los componentes del agua que se consume en un municipio, no eran obligatorios antes de 2023.

Esta vigilancia es competencia de los 371 ayuntamientos de la provincia, dado que ellos son los propietarios de la red de abastecimiento y los que están obligados a suministrar agua de calidad y con todas garantías sanitarias a la población de su competencia. 

La mayoría de los municipios recurren a laboratorios o empresas especializadas en el control de las aguas. En paralelo, la Consejería de Sanidad supervisa estos análisis, cuyos datos deben ser incluidos de manera obligatoria en el SINAC, donde se reúnen los resultados de todas las captaciones existentes en España. Cualquier parámetro que supere los límites de potabilidad genera alarmas sanitarias y activan protocolos de actuación dependiendo de su gravedad.

Tratamientos. A la mayoría de las aguas que se beben en Burgos se le somete a un tratamiento de desinfección por cloración. En concreto, según explica Vicente Paredes, director de Hydra, empresa burgalesa especializada en soluciones integrales para el ciclo del agua, estos tratamientos utilizan hipoclorito sódico, una sustancia muy oxidante. «Si el agua tiene materia orgánica la oxida y elimina, lo mismo ocurre con las bacterias (patógenas o no) y también desactiva algunos elementos químicos». Estamos ante un potabilizador de amplio espectro, pero, advierte  Paredes, debe estar «muy controlado» en sus dosis de aplicación: entre 0,2 y 1 miligramo por litro de manera continua en el grifo del consumidor.

La cloración se aplica en las redes de abastecimiento que suministran a poblaciones de más de 50 habitantes o que, con un número menor, cuenten con alguna industria alimentaria o algún establecimiento comercial. El pasado año se realizaron 1.856 clorimetrías.

El director de Hydra insiste en que la efectividad de estas desinfecciones depende del estado de las instalaciones de abastecimiento. Hay municipios que aún recurren al uso de las pastillas de cloro cuyo suministro es, muchas veces, aleatorio y no conforme a la normativa. «El cloro es una sustancia química cuyo consumo es seguro en las dosis indicadas, si hay excesos puede provocar irritaciones digestivas y otras alteraciones».

Hay otras exigencias que se deberían tener en cuenta en los pueblos. Por ejemplo, es obligado el vaciado y la limpieza una vez al año o, como mucho, cada dos años de los depósitos de suministro. También urge una mejora generalizada y continua de las redes de suministro, en las que conviven tubos de fibrocementos, de hierro y de cobre con el poliuretano 

Más problemas. En las aguas de consumo de la provincia hay otros problemas que no se resuelven solo con la cloración. En concreto, predomina la dureza del agua, el exceso de magnesio y de calcio, muy dañina para los electrodomésticos, aunque sigue siendo apta para el consumo. Estas aguas predominan en amplias zonas calizas de la provincia. La dureza se combate con tratamientos de descalcificación.

Un problema cada vez más frecuente en las captaciones es la aparición y la acumulación de nitratos y nitritos ligados a la actividad agraria y al abuso de los abonados y los purines en los campos. «Además de la cloración, estas aguas requieren de tratamientos añadidos de desnitratación y desnitritificación».

También se detectan problemas por contaminación microbiológica, provocado por el contacto de las aguas potables con aguas fecales, lo que contamina los acuíferos. Detrás estos casos están vertidos sin depurar o actividad no controlada de explotaciones ganaderas. Los tratamientos con cloro son eficaces en estos supuestos, aunque también se utiliza el ozono, entre otras soluciones.

Pozos. Las captaciones de aguas profundas a través de pozos, cada vez más habituales, está aflorando el problema de los contaminantes químicos de origen geológico. 

En pozos realizados en zonas de margas y yesos suele aparecer el problema de los niveles de sodio muy altos. En la sierra de La Demanda no es raro el exceso de manganeso o de hierro. En La Bureba es el arsénico o el flúor en la Ribera del Duero.

Los fluoruros, cloruros, sulfatos, sodio y conductividad se analizan, entre otros, en el Laboratorio de Salud Pública de Burgos, que también realiza controles de manganeso, cadmio, cobre, cromo, plomo, aluminio y vanadio.