Cuando, hace ahora cien años, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado con la aquiescencia y el impulso del rey Alfonso XIII, terminando con casi medio siglo de convulso constitucionalismo, nadie dijo ni mu, o hubo poca contestación. Sin embargo, entre los aislados casos de oposición al naciente régimen dictatorial hubo uno bien singular, protagonizado por los regidores de la Cabeza de Castilla y teniendo como vehículo de transmisión este periódico que tiene entre las manos. El manifiesto promulgado tras el levantamiento militar era bien claro: «Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. (...) Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que, sin poner remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lancemos por España y por el Rey. Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles: ¡Viva España y viva el Rey!». 

El Directorio Militar que desde el 13 de septiembre de 1923 regiría los designios del país nacía, a priori, con el propósito de ser «un breve paréntesis en la marcha constitucional de España». No fue tal: la 'Dictadura con Rey', como acuñó el historiador Santos Juliá, se prolongaría hasta enero de 1930. En su imprescindible libro Burgos siglo XX. Luces y sombras (Berceo) el historiador burgalés Pablo Méndez dedica un jugoso capítulo al golpe militar de 1923, desmenuzándolo con lucidez. La primera misión del Directorio, explica Méndez, era «el desmantelamiento del aparato político del sistema anterior, es decir, cualquier atisbo de democracia parlamentaria. La tarea destructora de los primeros meses del Directorio fue arrolladora. El 18 de septiembre buena parte de las competencias de la justicia ordinaria pasa a manos de la jurisdicción castrense; tres días después se suspenden los jurados; el último del mes se suspenden los Ayuntamientos, 'semilla y fruto de la política partidista y caciquil'; el 13 de noviembre eran cesados los presidentes y las comisiones permanentes del Congreso y del Senado; y las Diputaciones también serían disueltas (...) Las directrices del nuevo sistema propiciaban situaciones tan paradójicas como la toma de posesión del Gobierno Civil de Burgos por parte de un miembro del Ejército, el general Rafael Moreno».

Fue la decisión de suprimir los Ayuntamientos lo que encendió la mecha en Burgos. Fue un orden muy criticada, «que cayó como un jarro de agua fría en ciertos sectores de la ciudad». Sectores resueltos a levantar la voz. Explica Méndez que la protesta «debía hacerse con el mayor tacto posible, de tal forma que ni la censura militar viera en los comentarios de la prensa motivo de recorte. El 1 de octubre quedaba constituida la Junta de Asociados, que así se llamó al organismo que a partir de entonces sustituyó al consistorio municipal, siendo elegido como alcalde Luis Gallardo. Pero la muestra más palpable de que existía cierta insatisfacción por el nuevo sistema fue la publicación al día siguiente en Diario de Burgos de la carta que iba a ser enviada al Rey pidiendo la reposición del Ayuntamiento».

La misiva. La idea, apunta el historiador, partió del propio rotativo, «y el texto introductorio a la misiva se hizo con pies de plomo». El titular rezaba. 'El Directorio y los Municipios. En desagravio del Ayuntamiento'. El subtítulo decía: 'El pueblo entero pedirá al Rey su reposición'. Y a continuación: El Diario de Burgos, interpretando el sentir de todos los burgaleses y autorizado por el señor general gobernador civil, toma la iniciativa de hacer llegar conocimiento de S. M. el Rey, el pesar unánime con que la población entera ha recibido la noticia de la disolución de su Ayuntamiento. No es en son de protesta como se dirige el mensaje, sino de condolencia. 

Estamos seguros de que el pueblo entero, este noble pueblo burgalés, en cuya alma no cabe la envidia ni el rencor, acudirá en masa dar la mano al caído, llenando de firmas los pliegos y demostrando que si el Ayuntamiento era digno del pueblo que representaba, también éste es digno de tener aquella representación. No dudamos de que el Monarca, en cuya memoria estará fresco todavía el recuerdo de la franca adhesión y cariño que la población le demostró en la celebración del Centenario de la Catedral, y en cuya alma noble no cabe la injusticia, recibirá grata impresión al ver la súplica de reivindicación de su Ayuntamiento hecha por todo un pueblo, y fielmente aconsejado por el digno general que hoy preside los destinos de la Nación, accederá gustoso ella. 

Y si razones que no pueden alcanzársenos le obligasen la negativa, no por eso habremos fracasado, pues el acto que realizamos será una patente de honradez para los que se desvelaron por los intereses de su ciudad. He aquí el mensaje: SEÑOR: El Real decreto fecha de 30 de septiembre, que disuelve todos los Ayuntamientos de la Monarquía, ha causado en Burgos una impresión penosa. No entran los que suscriben a analizar las causas que hayan motivado una medida tan grave, ni mucho menos se atreven juzgarla, pero conociendo la honorabilidad acrisolada que siempre ha presidido los actos del Ayuntamiento de esta ciudad, considerado por propios y extraños como modelo de Corporaciones de su clase, estimando como un timbre de honor de la Cabeza de Castilla esta pureza inmaculada de nuestra administración municipal, se atreven a llegar a las gradas del Trono, donde debe estar y está sin duda anidada la justicia, y rendidamente piden que el Ayuntamiento de Burgos, que acaba de disolverse, vuelva ser encargado del gobierno de la Ciudad, de la que es genuina y dignísima representación.
Gracia que esperan alcanzar los que firman de V. M., cuya vida guarde Dios muchos años.

Las adhesiones al mensaje, recoge Méndez en su libro, «llegaron incluso desde el diario conservador por excelencia de la ciudad, El Castellano, que se sumó a la petición, aunque no sin hacer alguna que otra observación. La intención que subyacía en la carta, según se puede entresacar de los comentarios del propio Diario de Burgos, era el reconocimiento del carácter especial del Ayuntamiento de Burgos, gracias, por decirlo de alguna forma, a los 'derechos adquiridos' históricamente como representante de la Cabeza de Castilla, y por encima de los cuales el Rey no debería pasar. Así se ponía de manifiesto en la portada del 4 de octubre cuando, en una nueva declaración de intenciones, se señala: Se circunscribe el hecho concreto de que el pueblo de Burgos (...) desea hacerle presente al Rey, y que se entere la nación, de que su Ayuntamiento es uno de los que, como excepcionales, señala el preámbulo del Decreto.

Pero hubo también, apostilla Méndez, quien quiso ver en aquella iniciativa «una maniobra política, y hasta el rotativo Informaciones de Madrid lo llegó a calificar de 'maniobra caciquil'. La respuesta de Diario de Burgos fue de repulsa e indignación, aunque, sorprendentemente, se plegaron a las críticas y renunciaron a Alfonso XIII la carta antes de ser acusados de estar al servicio de intereses políticos. Agradecemos efusivamente a cuantos nos han secundado, cuyas valiosas firmas conservaremos cuidadosamente, y lamentamos con tristeza que el pueblo de Burgos no se haya levantado para dejar el nombre de su municipio a la altura que por su historia y sus hechos le corresponde».