Los miles de muertos israelíes y palestinos provocados tras el masivo ataque terrorista de Hamás en la madrugada del pasado 7 de octubre mantienen en tensión a la comunidad internacional ante la posibilidad de extensión del conflicto y ha elevado al máximo la preocupación de las organizaciones internacionales por sus consecuencias para la población civil. La explosión de un artefacto en un hospital de Gaza durante la tarde noche del martes ha incrementado la alarma ante el desastre humanitario que se avecina si el conflicto continúa su escalada, no solo en la franja palestina, sino en todos los países árabes del entorno. El derecho internacional debe prevalecer entre todas las partes en disputa y, por ello, ambas deben respetar a los ciudadanos e infraestructuras no militares.
De momento, será imposible poner en marcha una investigación internacional independiente para saber con certeza quién fue el culpable de la masacre en el hospital de Gaza, por lo que las acusaciones mutuas quedarán para reafirmar el relato de cada contrincante. En estos momentos, lo que se necesita es una pausa que sirva para separar el grano de la paja, que permita a los civiles ponerse a salvo y recibir la ayuda humanitaria posible para mantener unas condiciones dignas en un territorio que sufre desde hace décadas el terrorismo, el acoso y la miseria ante un conflicto perenne en Oriente Medio que la comunidad internacional debería haberse tomado en serio hace años. Solo era cuestión de tiempo que el polvorín explotara.
Sin entrar en el fondo de la pugna política y territorial, que se remonta a 1947 cuando la ONU dividió el territorio en dos Estados, uno árabe palestino y otro judío, lo cierto es que en la zona que ambos comparten se viene produciendo un golpe permanente al derecho internacional humanitario. Tan ilegítima es la respuesta de Hamás a décadas de ocupación como la de Israel al ataque terrorista. La ayuda a la población civil no puede ser un arma bélica ni un medio de negociación, sino que es una obligación para cualquier actor internacional, y precisamente esta exigencia se hace mayor con un país democrático como Israel. El respeto a diferenciar a los combatientes de los civiles y a la proporcionalidad no lo han respetado los terroristas de Hamás en su ataque a los jóvenes que participaban en un festival de música ni a familias que permanecían en sus casas tranquilamente cuando sufrieron el ataque, pero tampoco lo hace el estado israelí cuando corta el agua, el gas y la electricidad a toda la población gazatí.
Desde luego, es complicado señalar un inocente, aunque los terroristas no tienen legitimidad ninguna y nada se puede esperar de ellos. Israel, por su papel en el escenario internacional y en la propia zona caliente de Oriente Medio, debe enfriar el conflicto y buscar una justicia a la que tiene derecho, pero siempre evitando caer en la venganza. La población civil, de uno y otro lado, debe permanecer al margen y ser respetada por ambos contendientes.