La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Investigación, no ha tardado en actuar ante lo que considera que podría acarrear comportamientos «claramente fraudulentos o delictivos» que afectarían a alumnos extranjeros matriculados en la Escuela de Doctorado. Por ello, ha remitido una misiva a todos los tutores y directores de tesis con el fin de que extremen la atención a este colectivo para que comuniquen cualquier práctica sospechosa, al tiempo que se encuentra analizando hasta cinco supuestos casos para adoptar decisiones en consecuencia.

El titular de este departamento, José Miguel García, explica que se trata de un estudiantado especialmente «vulnerable» por la distancia geográfica, por lo que en ocasiones «puede ser objeto de engaño por parte de empresas sin escrúpulos que les cobran cantidades ingentes de dinero intermediando innecesariamente» con la academia local fruto de un desconocimiento del sistema universitario español, añadido a las dificultades del idioma.

Al respecto, pone como ejemplo el precio de las tasas públicas, que marca cada comunidad y que en el caso de la de Castilla y León suelen rondar los 500 euros de media por curso, pudiendo llegar a ofrecerse un servicio de tramitación administrativa con un coste de «hasta 10.000 euros» durante la duración de estos estudios, lo que frenaría la llegada de quienes no pueden asumir esa cifra. 

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