Aunque llevaba tiempo a la baja, la pandemia suavizó mucho la conflictividad laboral en la provincia de Burgos. La situación crítica en la que se vieron envueltas miles de compañías -prácticamente de la noche a la mañana- provocó que los acuerdos entre trabajadores y empresarios fueran más ágiles que nunca.
La recuperación de la economía y la punzante inflación que golpea a todos los mercados y firmas a día de hoy ha dado un manotazo a esa paz social. De los 60 expedientes que tramitó el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) a lo largo de 2020 se pasó a 64 en 2021, una cifra que se queda muy pequeña en comparación con los 96 del año pasado. Es más, enfrentando 2021 con 2022, el número de empresas que acudieron a este punto de mediación de la Junta de Castilla y León pasó de las 164 a las 3.348, un incremento del 2.041% en tan solo doce meses. Si tomamos como referencia los trabajadores afectados por estos procesos, la cifra es aún más escandalosa: hasta 27.897 empleados burgaleses se vieron envueltos en una reunión en el seno del Serla, mientras que un año atrás apenas fueron 10.484.
Pero, ¿qué causas están detrás de esta subida tan acentuada de los expedientes tramitados por el Serla? El secretario provincial del sindicato UGT, Pablo Dionisio Fraile, apunta a una causa principalmente: la inflación y todas las derivadas en materia salarial que acarrea para la clase trabajadora. «No hemos dejado de defender el derecho del conjunto de los empleados a disponer de cláusulas de revisión en función al IPC», indica. Califica como «importantísima» esta herramienta para asegurar, al menos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los burgaleses.
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