La aritmética que surgió de las urnas tras la cita electoral del pasado 23 de julio daba la llave de la gobernabilidad a los partidos nacionalistas. Ni el PP era capaz de sumar una mayoría absoluta con el apoyo de Vox, como auguraban la mayoría de las encuestas, ni el PSOE tenía la representación necesaria para poder revalidar el Gobierno de coalición sólo con el apoyo de Sumar. El PNV o Junts, que no cosecharon buenos resultados, se encontraron ante una situación idílica para sus intereses; ellos decidirían quién gobernaría los próximos cuatro años en España o, si no se atienden sus reivindicaciones, la necesidad de nuevo de convocar unos comicios a finales de año.
Los nacionalistas vascos, inquietos ante el repunte del apoyo de Bildu en el País Vasco, se dejaban querer, sin ir más allá de peticiones enfocadas a ganar mayor autonomía y mayores inversiones por parte del Estado. Sin embargo, Junts, con un Carles Puigdemont prófugo de la justicia española, dejó claro desde el principio que su apoyo, ya fuera con un respaldo o con una simple abstención, tenía un precio, que se encargó de desvelar el propio Puigdemont el pasado martes desde Bruselas, justo un día después de que la vicepresidenta del Gobierno en funciones Yolanda Díaz, que según sostuvo acudió a la cita como líder de Sumar, mantuviera un controvertido encuentro con él en la Eurocámara.
Puigdemont, crecido tras la visita de la socia de Pedro Sánchez, lanzó un órdago y reclamó el reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo, el abandono de «la vía judicial», una amnistía inmediata que cubra todo lo ocurrido a nivel político desde 2014 en Cataluña y la creación de un mecanismo de mediación y supervisión que sirva para obligar a sus interlocutores a mantener sus promesas, incluyendo la de un futuro referéndum legal sobre la autodeterminación. El chantaje en mayúsculas obligaba al socialismo a posicionarse y, aunque, en un principio, marcaba distancias con el plan de Junts, poco después se remitía al Tribuna Constitucional para conocer el posible encaje legal de las demandas lanzadas desde Bruselas por Puigdemont. «España tiene un dilema. O repite elecciones o pacta con un partido que no renunciará a la unilateralidad», remarcó el prófugo catalán.
Feijóo no acepta chantajes
El mismo día que Puigdemont lanzaba sus reivindicaciones y marcaba las líneas rojas para dar su apoyo a una posible investidura, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunía con el su homólogo de Vox, Santiago Abascal, para hacer frente común en la que va a ser la investidura del gallego el 26 y 27 de septiembre. Feijóo decidió suspender su encuentro con Junts tras escuchar las reclamaciones de los secesionistas catalanes y advirtió que quedaba al margen de un posible diálogo, que él no será presidente a toda costa y que aceptar ese «chantaje» sería negativo para los intereses de España, tendiendo, una vez más, la mano a un Pedro Sánchez, que sigue siendo optimista para revalidar un Ejecutivo de coalición, pese al alto precio que han marcado los independentistas catalanes.
La primera reivindicación de Puigdemont pasa por la amnistía, una condición sine qua non para sentarse a negociar. A este respecto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dejaba caer la intención de consultar a la Corte de Garantías la posibilidad legal de aceptar esa petición; un hecho que desde las filas de Sumar ven factible y que posibilitaría que Sánchez se hiciera de nuevo con la Presidencia del Gobierno.
Sin embargo, son muchas las voces del socialismo que critican la posibilidad de claudicar ante Junts. Consideran que el precio que hay que pagar es muy alto y que en la Constitución no caben ni amnistías, ni referendums de autodeterminación. El órdago de Puigdemont está sobre la mesa, ahora está por ver si el PSOE lo acepta o, si, por el contrario, se da esa, a día de hoy utópica, gran coalición o hay de nuevo elecciones.