Fue 1983 un año negro en el impacto de ETA en la vida de Burgos y de los burgaleses. Eran los años de plomo. La sanguinaria banda atentaba salvajemente, asesinando un día sí y otro también. Su dictadura del terror se extendía sin horizontes y España se desayunaba cotidianamente con la muerte. Hace cuarenta años, la banda terrorista segó la vida de dos burgaleses: Eduardo Vadillo y Arturo Quintanilla. El primero, que era jefe de ventas de un concesionario de coches en Durango, tuvo la mala suerte el 14 de junio de realizar una sencilla maniobra automovilística -un adelantamiento- a un vehículo que era objetivo de ETA: el que trasladaba al teniente coronel de la Guardia Civil José Llull Catalá. Por culpa de la vegetación de la carretera, los criminales confundieron el coche del burgalés con el otro, haciendo detonar el explosivo a la altura del conducido por Vadillo, de 59 años y padre de dos hijas. Su coche saltó por los aires, desplazándose más de 20 metros. Vadillo falleció en el hospital. Años más tarde, José Ramón Larrinaga Celaya y María del Carmen Guisasola fueron condenados por este salvaje atentado.
Arturo Quintanilla Salas era un hostelero de 44 años, estaba casado, tenía tres hijos y propietario del bar Joxe Mari, ubicado en una céntrica zona de la localidad guipuzcoana de Hernani. Había sido extorsionado por ETA, que le exigió el famoso impuesto revolucionario. Tal y como contaron sus familiares tras su asesinato, intentó en cierta ocasión hacer el pago del dinero que la banda mafiosa le reclamaba (diez millones de pesetas) pero que ningún etarra acudió a la cita. El 6 de septiembre de hace ahora cuarenta años, Arturo Quintanilla fue asesinado a tiros por un comando que le esperaba en un coche cuando acababa de montar en su vehículo acompañado de su mujer y de su hija mayor de quince años tras abandonar uno de sus establecimientos a última hora del 6 de septiembre de 1983. Recibió dos impactos de bala en el corazón y otro en el abdomen que le provocaron la muerte. En el año 1985 fue condenado el etarra José Antonio Pagola Cortajarena por ser uno de los pistoleros que abatieron a Arturo Quintanilla a más de 23 años de cárcel y a abonar a la familia 12 millones de pesetas en concepto de indemnización.
Y dos atentados. El 18 de octubre de aquel infausto año, cerca de la medianoche, un estruendo quebró el silencio que reinaba en la capital burgalesa a esas horas. No era para menos: cuando 12 kilos de Goma-2 explotan, su onda expansiva alcanza muchos metros. El objetivo del mortal artefacto era la Comandancia de la Guardia Civil, pero por fortuna los etarras no se salieron con la suya: un vecino había observado un paquete sospechoso ubicado junto al semáforo más cercano al edificio del Instituto Armado, dando la voz de alarma.
La bomba explosionó cuando los artificieros intentaban desactivarla después de haberla alejado con una cuerda hacia una zona sin inmuebles cercanos. Por suerte, sólo un guardia civil sufrió heridas leves y un vecino de la zona que pasaba por allí cayó al suelo y estuvo varios minutos aturdido, si bien los daños materiales fueron cuantiosos: el propio edificio de la Comandancia, así como varios vehículos de la Benemérita, sufrieron numerosos desperfectos; también el edificio de la Telefónica, los almacenes de La Flor Catalana o el local Copacabana padecieron el impacto brutal de la onda expansiva. La banda terrorista ETA reivindicó el atentado dos días después.
Sólo doce días más tarde se produjo otro sobresalto en forma de bomba. Fue el domingo 30 de octubre, a las nueve de la noche, cuando otro artefacto compuesto por cinco kilos de Goma-2 estalló junto al Gobierno Militar. No hubo que lamentar daños personales, pero sí materiales: varios coches que se hallaban estacionados cerca del lugar de la explosión se vieron muy afectados, así como los cristales de numerosos establecimientos y pisos de las calles Vitoria, Jesús María Ordoño y avenida de Cantabria (entonces llamada General Vigón). La peor parte se la llevó el edificio, por fortuna desocupado, que en su día había sido fábrica de piensos Garmo.
Clima de histeria. La histeria se apoderó de los burgaleses, que en menos de quince días vieron alterada la inveterada tranquilidad de su suelo bendito. Tan es así, que el clima de incertidumbre, inquietud y miedo llevó al punto de registrar desalojos en bloques de viviendas ante la presencia de objetos y paquetes sospechosos. Sucedió, por ejemplo, en la plaza de Santiago, donde los vecinos de dos edificios tuvieron que abandonar sus casas para que los artificieros intervinieran en una mochila deportiva, donde resultó que sólo contenía objetos de cosmética.