La implantación hace una década de los Certificados de Eficiencia Energética de Edificios llegó como un nuevo elemento de decisión para comprar y alquilar mirado con cierto recelo al considerarse un nuevo impuesto en este tipo de operaciones. Sin embargo, con el paso de los años el sistema de calificaciones por colores -como el aplicado a los electrodomésticos- se ha convertido en otro factor de referencia que, además, sirve para concretar las necesidades de las viviendas para adaptarse a los estándares actuales.

Esa tarea se centra, principalmente, en los edificios más antiguos. Y es que los edificios levantados antes de 1979 carecían de una normativa específica de aislamiento, la clave para entender el porqué la mayor parte del parque de viviendas suspende en eficiencia energética.

No se trata de una cuestión que afecte de forma exclusiva a Burgos.Los datos compartidos por la consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León revelan que esta circunstancia afecta en la misma proporción a todas las provincias de la región.

Desde la implantación de este sistema en junio de 2013 un total de 35.407 viviendas del territorio burgalés se han sometido a un control que establece un rango de siete calificaciones nombradas de la A la G (y por colores) y en el caso de la provincia un total de 28.392 inmuebles tienen una consideración medioambiental baja o muy baja. Menos del 2% del parque de viviendas examinado cuenta con la etiqueta de máxima eficiencia energética, un total de 691.

En el caso de la capital, son 18.838 los edificios analizados, de los cuales 17.587 cuentan con una calificación comprendida entre las peor valoradas (de la D a la G). 197 tienen etiqueta A, 234 la B y 817, la C.

ElColegio de Arquitectos de Burgos asume con naturalidad una cuestión considera como lógica, puesto que los inmuebles de nueva construcción ya están diseñados con los parámetros medioambientales establecidos en la actualidad.

«En este caso hablamos de unos edificios con envolventes y ventanas que no reúnen las características requeridas hoy en día en la nueva construcción. Los edificios existentes construidos entre 1980 y 2006 suelen tener calificación E, aunque depende de otros factores como la orientación», explica el máximo representante del sector en Burgos, Javier Achirica, quien recuerda que la proporción de las viviendas de nueva construcción es inferior a las existentes en el total del parque provincial. 

«A partir de la implantación del Código Técnico de la Edificación en el año 2006 las construcciones deben someterse al Documento Básico de Ahorro de Energía y cumplir unos parámetros determinados que han aumentado su exigencia con los años», aclara. «Por eso ahora vemos calificaciones A o B, mientras que los edificios ya existentes tienen otras características por los parámetros que había en los años 80 y 90», explica.

Ahora, esas construcciones se adaptan sobre la marcha a las circunstancias del momento. La mejora de la carpintería y de los vidrios de las ventanas ayudan a disfrutar de una mejor eficiencia energética, así como la instalación -en los casos que se pueda- de sistemas de producción de energía más actuales como las placas solares, la aerotermia o la geotermia. Siguiendo este hilo, la renovación de las fachadas se han convertido en una de las principales soluciones impulsadas por las comunidades de vecinos.

«El objetivo que se busca es que los edificios consuman poca energía y la mejor respuesta es tener un buen aislamiento para que el uso de la calefacción o del aire acondicionado sea el menor posible», apunta Achirica, quien destaca también otras alternativas como los actuales sistemas de ventilación de doble flujo. «El aire es limpio y mantiene de forma constante una temperatura adecuada.Obtienes el máximo confort con el menor gasto de energía», defiende.

En este sentido, la Junta de Castilla y León cuenta con unas líneas de ayudas procedentes de fondos europeos para impulsar estas mejoras en los edificios. De un lado, el PREE 5000 es un programa destinado a mejorar la eficiencia energética en edificios existentes de municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes y ha inyectado 737.799 euros en la provincia de Burgos. De otro, el PREE 2020 suma 4.217.074 euros en el resto del territorio burgalés.