La ciudad de Burgos aún debe aprobar la Ordenanza definitiva que regulará la Zona de Bajas Emisiones tras el anuncio del bipartito de readaptar el texto original. Mientras, se mantendrá suspendido el compromiso con la empresa para destinar tres millones a colocar 58 puntos de control y 61 cámaras. Como ya publicó este periódico, estas dos circunstancias invitaron al equipo de Gobierno solicitar una prórroga de un año para adaptarse a la ley.

A pesar de las advertencias del anterior Ejecutivo al quedar en el aire 2,6 millones de euros procedentes de Europa, los actuales gestores de la administración local se muestran convencidos del éxito de la gestión realizada para ganar margen de maniobra y adaptar la Ordenanza sin perder esa inyección económica comprometida. Todo, después de analizar la carta remitida por el Ministerio de Transportes que detallaba los aspectos a tener en cuenta para aplicar cuanto antes la Zona de Bajas Emisiones.

Ese es el caso de Burgos, si bien la tónica es generalizada. Cada uno con sus circunstancias. Tal y como señala Efe, solo 14 de los 151 municipios implicados han activado sus respectivas ZBE nueve meses después del primer plazo marcado por el Gobierno central. Se trata de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, La Coruña, Pontevedra, Pamplona, La Línea de la Concepción (Cádiz), Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y los municipios barceloneses de Badalona, Sant Cugat del Vallés, Hospitalet de Llobregat y Cornellá de Llobregat.