El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está decidido a imponer su criterio a los fiscales que intervinieron en el juicio del procés independentista catalán que se oponen a aplicar la ley de amnistía a los procesados, condenados y prófugos en esa causa. Que los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en la causa se opongan a la ley de amnistía no puede sorprender porque supone denigrar y devaluar todo su trabajo y lo defienden con consideraciones políticas -impropias- y judiciales que -como todas- están sujetas a críticas y análisis en contrario. Del mismo modo tampoco puede sorprender que su jefe, el fiscal general del Estado les obligue al cumplimiento de la ley porque el ministerio público es un cuerpo jerarquizado, sujeto a los principios de unidad de acción, legalidad e imparcialidad y sus órdenes deben ser ejecutadas. Ante esta circunstancia no sería descartable que una vez recibida la instrucción pertinente -escuchada la Junta de Fiscales sin que vaya a cambiar la decisión de García Ortiz- los fiscales desobedientes renuncien a seguir en la causa para no traicionar su criterio.
Aunque no les guste, los fiscales están obligados a cumplir con la legalidad emanada de la representación popular, aunque consideren que es inconstitucional, pero esa consideración no sirve para que se opongan a aplicar la ley porque su constitucionalidad debe ser avalada por el Tribunal Constitucional o su adecuación a los valores europeos por la justicia de la UE. ¿A quién puede sorprender que el Partido Popular haya pedido la dimisión del fiscal general del Estado por su sumisión a los designios del Gobierno? Es un clásico que la oposición solicite la dimisión o cese del jefe de los fiscales. Una clásica manifestación de cinismo porque la nómina de fiscales sumisos nombrados por gobiernos del PP es también numerosa, y la de fiscales dispuestos "a afinar" alguna situación irregular de personas relacionadas con esos Ejecutivos, también. Aún quedan muchos momentos para rasgarse las vestiduras por el enfrenamiento entre los fiscales, con el consiguiente ruido político, todo por no aceptar la evidencia y reconocer que el que manda, manda, porque así lo dice la Constitución y que quienes un día protestan, al siguiente actúan de la misma forma. Al tiempo.
Por tercera vez, la justicia suiza ha denegado auxiliar al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en su investigación por terrorismo a los dirigentes del procés que considera dirigentes de Tsunami Democrátic, en concreto sobre la dirigente de ERC, Marta Rovira. Una decisión que tampoco puede sorprender, en este caso porque el Código Penal suizo no recoge como terrorismo las acciones de protesta como la invasión del aeropuerto del Prat, o los enfrentamientos con la policía, como considera el juez español, que en esa cruzada ha recibido el apoyo de jueces de tribunales superiores, que se ven expuestos a que su criterio sea rechazado por otros colegas europeos con otra concepción del terrorismo, incluso más cercana a la de muchos ciudadanos que han sufrido el terrorismo vasco o islamista. Es muy probable que la justicia europea acabe pronunciándose sobre el carácter terrorista de las acciones de Tsunami Democrátic.
El juez no puede asombrarse de la decisión de la Oficina Federal de Justicia suiza porque le recuerdan que no aporta datos nuevos con respecto a la petición que realizó en 2019, en la que ya observaban una intencionalidad más política que judicial en sus pesquisas, o le reprochen que no informara sobre las consecuencias que iba a tener la ley de amnistía sobre el asunto que instruye.
En fin, nada puede sorprender ni en las acciones ni en las reacciones con respecto a las decisiones del fiscal general del Estado, ni en la decisión de la justicia suiza ante unas decisiones controvertidas.