Las prioridades en el gasto público marcan el camino a la hora de regir los asuntos de un Ayuntamiento. El cambio de gobierno municipal arandino empieza a marcar distancias con el anterior mandato en decisiones como la de desestimar la compra de dos edificios que se había planteado en el reparto de los 2,5 millones de remanentes de 2022 que aún están sin asignar. En el planteamiento que quedó sobre las mesa sin aprobar, se reservaban casi 430.000 euros para adquirir el inmueble colindante a la Casa Consistorial de Aranda, para ampliar espacios en las oficinas municipales, y el bajo de la calle Valdolé del ahora cerrado centro de mayores de la extinta Caja Círculo, para destinarlo a ese mismo fin.

«Intentaremos no meter en remanentes cosas que creemos que no concuerdan con lo que hemos dicho, por ejemplo la compra de edificios», confirma el edil de Hacienda, Guillermo López, consciente de que este planteamiento se tiene que acordar con los socios de gobierno, con los que hoy mantendrán una primera reunión para preparar este reparto de los remanentes restantes.

Otros temas que son innegociables para el gasto de ese superávit del año pasado son «los gastos de personal que hay que pagar sí o sí», que corresponden a las horas extras tanto de Policía Local (187.000 euros), Bomberos (153.600 euros) y del área de servicios económicos (casi 48.000 euros), junto a «aquellas partidas de facturas que hay sin pagar», sin olvidar «proyectos que podrían no realizarse si no hay partida, como por ejemplo el programa de fomento de la natación, o la redacción del proyecto del Centro Cívico Virgen de las Viñas» para remodelarlo y acoger la futura sede de la UBU en Aranda, enumera López, sin olvidarse de otros proyectos que están condicionados por haber recibido fondos europeos, como es el caso del arreglo de la Casa de los Maestros para fomento del turismo.  

Este planteamiento se tendrá que concretar antes de convocar una primera comisión de Hacienda, prevista para la segunda mitad de este mes una vez que se constituyan los integrantes de cada una de las áreas. El trámite administrativo marca para este reparto de fondos económicos que se debe aprobar por el pleno municipal, por lo que el equipo de gobierno espera poder incluir este asunto en el pleno de finales de mes. A partir de ese momento, y antes de que esos dineros públicos se puedan utilizar de forma efectiva, debe pasar más de un mes, ya que primero se tiene que realizar la publicación en un boletín oficial, empezando así el plazo de tres semanas para exposición pública y dar lugar a posibles alegaciones que, de no recibirse, podrían sumar una semana más hasta la publicación de la aprobación definitiva a este dilatado pero imprescindible procedimiento administrativo.