Son grandes extensiones de terreno que pasan casi desapercibidas y que muchos desprecian por inútiles e improductivas. Han soportado décadas de incendios, erosión y sobreexplotación agraria y en ellas solo prospera la maleza. Su propiedad se dispersa entre un universo de particulares, ayuntamientos y juntas vecinales (muchas veces ajenos a su existencia) y, sin embargo, ahora la lucha contra el cambio climático les ha transformado en una oportunidad de negocio y de recuperación como espacios naturales originales.  

Hemos tenido que llegar al extremo de la desaparición de los hielos en los polos y los glaciares, de las olas de calor y frío extremo y la sucesión de catástrofes naturales, para poner en valor ese 13,2% de la superficie provincial que está totalmente descarto, 189.000 hectáreas de terreno forestal degradadas que la gran industria aspira a recuperar para convertirlas en sumideros de carbono, desarrollando así la responsabilidad social de estas compañías y, sobre todo, ahorrando en su creciente factura de emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta oportunidad ya la conocen  los propietarios forestales de Burgos, que participaron recientemente en una jornada celebrada en el Edificio Nexo, de la Fundación Caja de Burgos, en la que las empresas especializadas en restauración ambiental y reforestación de precisión visualizaron las oportunidades de la provincia en el gigantesco mercado creado para reducir y compensar la huella de CO2 que generan las empresas.

Francisco Purroy, director de una de estas empresas con sede en Burgos, Land Life Iberia, y participante en este encuentro, parte de un hecho relevante: Burgos es la cuarta provincia española en superficie de masa forestal. Son 702.448,75 hectáreas de bosque, casi la mitad de su superficie (49%),  que le sitúan incluso por encima de Soria y a la altura de las grandes superficies de bosque pirenaico de Huesca, Lérida y Gerona. 

«Este patrimonio inconmensurable no sólo nos brinda una amplia gama de recursos forestales tradicionales, como madera, leña, resina, frutos, caza, setas, silvopastoralismo y biomasa, sino también una plétora de beneficios medioambientales, como la protección del suelo, la infiltración del agua, la absorción    de carbono atmosférico y la biodiversidad», señala este directivo, cuya firma gestiona proyectos de restauración forestal financiados con fondos privados en Fresno de Rodilla, Quintanapalla, Merindad de Valdeporres, Merindad de Montija, Espinosa de los Monteros, Arlanzón y Villanueva de Tobera. En total, 650 hectáreas en los últimos 3 años en las que se ha iniciado la reforestación o ya plantadas.

Posibilidades. El futuro forestal de la provincia pasa, primero, por garantizar la gestión sostenible del más de medio millón de hectáreas arboladas y en las que «es urgente tomar todas las medidas necesarias para garantizar su gestión sostenible, su preservación y su defensa preventiva contra incendios, sequías y plagas». Es un ámbito en el que la inversión privada se ha sumado al esfuerzo que ya se hace desde el sector público, concretamente, la Junta de Castilla y León.

A la buena gestión de la superficie arbolada suma la recuperación de los terrenos degradados, las 189.000 hectáreas repartidas por la provincia, especialmente en la Ribera del Duero y La Bureba. 

La recuperación de estos espacios corre a cargo del mercado de carbono, es decir, de las empresas que contaminan y pagan por ello, y  que buscan alternativas que compensen sus emisiones. Son ellas las que financian reforestaciones con bosques mixtos autóctonos y con una garantía de mantenimiento a lo largo de 40 años. 

Estos proyectos son gratuitos para los propietarios del suelo, aunque requieren de un acuerdo previo para que, en un mínimo de cuatro décadas, no haya talas ni desarraigos, algo que echa para atrás a no pocos, sobre todo por el desconocimiento de lo que son los mercados de carbono.

Actualmente, se están barajando alternativas económicas que compensen a los propietarios, como la recuperación de caminos forestales, la instalación de antenas de comunicación o la subasta derechos de absorción de CO2, como ha hecho el municipio de Sargentes de la Lora. 

Solo la reforestación de una hectárea (incluyendo proyectos, preparar terrenos, comprar plantas y reforestar, sin contar con mantenimiento) supone una inversión de entre 2.000 y 4.000 euros, dependiendo de la complejidad del terreno (pendientes, matorrales...). Así, el negocio que se propone en Burgos supondría una inversión entre 378 y 756 millones de euros.

Cálculos. Gestionar bien los bosques y reforestar las zonas degradadas genera beneficios: Burgos contrarrestaría con sus bosques las emisiones de toda su población, estimadas en 5 toneladas de CO2 al año por habitante. «Con nuestros bosques bien gestionados, nos convertiríamos en una región con una huella climática netamente positiva, sostenible gracias a nuestra bioeconomía, y garantes de un futuro esperanzador para las generaciones futuras».

Por cada 1.000 hectáreas de bosque maduro de Burgos protegido y bien gestionado, se evita la emisión de entre 200.000 y 300.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Por cada 1.000 hectáreas    degradadas reforestadas, se eliminan entre 3.000 y 6.000 toneladas de carbono atmosférico al año, considerando la media de absorción durante los primeros 40 años desde la plantación.