El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy el texto actual sobre la amnistía porque está convencido de que con ella serían amnistiados todos los independentistas catalanes porque no son terroristas, mientras que Junts quiere seguir negociando con el PSOE para que la norma permita cubrir a todos los encausados.

Sánchez se ha referido por vez primera públicamente al rechazo del pleno del Congreso a la ley de amnistía por los votos en contra de Junts. Lo ha hecho desde Bruselas, donde no ha mostrado su disposición a aceptar las modificaciones que le piden desde la formación que lidera Carles Puigdemont.

Ha defendido que la norma salga del Congreso "así, igual de valiente, reparadora y con las garantías jurídicas para que pueda ser aplicada", ha apostillado, antes de defender la "templanza para llegar a un acuerdo y la firmeza de saber que todo lo que hemos avanzado hasta ahora (...) es lo suficientemente riguroso y sólido para lograr el objetivo que nos habíamos marcado".

Sobre cómo afecta la situación a la legislatura, ha recordado que él nunca ha escondido que iba a ser difícil.

La respuesta de JxCat ha sido celebrar las palabras de Sánchez, aunque le han vuelto a emplazar a blindar la ley. "No ha habido ningún caso de terrorismo. Todos los independentistas tienen que ser amnistiados. Ahora que estamos de acuerdo tenemos que blindarlo en la ley", ha dicho el secretario general de JxCat, Jordi Turull.

Por su parte, la presidenta de esta misma formación, Laura Borràs, ha vuelto a defender su 'no' porque con él su partido "ha ganado un tiempo precioso" para poder seguir negociando con el PSOE "la resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado.

Una negociación en el Congreso que podría retrasarse hasta mediados de marzo, dando así más margen de negociación al Gobierno y a Junts, ya que el plazo de los quince días que tiene la Comisión de Justicia para cerrar un nuevo dictamen podría prorrogarse, según señalan a EFE fuentes parlamentarias.

Aunque la Mesa del Congreso se reunirá el próximo martes, 6 de febrero, para formalizar el plazo de quince días que tendrá la Comisión de Justicia para cerrar o no un acuerdo en torno a la ley de amnistía, esta comisión no tiene un margen real de quince días para reunirse puesto que la semana de los comicios autonómicos no tiene actividad parlamentaria.

Ante la nueva fase que se ha abierto el PP cree que el Gobierno socialista no ha aceptado las enmiendas de Junts a la ley de amnistía por el temor de que la propia norma sea anulada por ser contraria al derecho europeo.

"Así es imposible gobernar. Vivimos una legislatura imposible, inviable", ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Desde el Gobierno, por el contrario, mantienen su intención de aprobar los presupuestos generales del Estado en el primer trimestre del año, así como de agotar la legislatura, pese al revés recibido, según ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Dos días después del pleno del 'no' de Junts a la ley, aún siguen sucediéndose además reacciones a las acusaciones de prevaricación que en él se escucharon contra varios jueces, como Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, o Joaquín Aguirre, encargado del caso Volhov en Barcelona.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que abordará, a petición de nueve vocales conservadores, el próximo lunes en un pleno extraordinario estas críticas expresadas por parte de algunos socios parlamentarios del Gobierno.