La deuda del Ayuntamiento con la empresa concesionaria del aparcamiento del antiguo Hospital General Yagüe sigue creciendo cada día. La decisión de la Concejalía de Hacienda de ignorar el auto de ejecución notificado hace ya más de dos meses por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 y que obliga a la ciudad a indemnizar con 2,4 millones de euros a la empresa por la pérdida de usuarios tras el cierre de la antigua dotación sanitaria sigue generando intereses y con ellos aumenta la minuta que la ciudad tendrá que pagar por este duro revés judicial. 

Cada mes de retraso en el abono de esta obligación la costará al Ayuntamiento alrededor de 10.000 euros en intereses. Llueve sobre mojado ya que la factura que había generado solo en intereses este largo procedimiento judicial para el periodo comprendido entre 2012 y 2020 (luego el contador ha seguido creciendo) ascendía a 318.237 euros.
El pretexto del equipo de Gobierno para no pagar y para no incluir una partida específica en el Presupuesto de 2024 es el recurso de apelación que el Ayuntamiento presentó en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León para discutir la cantidad fijada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tras hacer suyo el criterio del perito judicial independiente encargado de realizar la evaluación.

Pero esa explicación no parece demasiado convincente ya que la existencia de un auto de ejecución no suspende el pago de una deuda. Dicho de otra manera, el Ayuntamiento tiene que pagar sin esperar a lo que diga el TSJ ya que existe un auto de ejecución que lo ordena. Es decir, en el hipotético caso de que la instancia superior corrija las cifras será en ese momento cuando la concesionaria tendrá que devolver el dinero.

A finales de septiembre, el equipo de Gobierno anunció la decisión de encargar un estudio para conocer el coste que tendría para la ciudad el rescate del aparcamiento de la avenida del Cid. Nada se sabe hasta la fecha sobre la existencia de ese trabajo.

Lo cierto es que al Ayuntamiento, situado en una posición de debilidad para negociar tras el último varapalo judicial, la factura por el reestablecimiento del equilibrio económico financiero le va a salir mucho más cara que los 2,4 millones que ya se conocen. Básicamente porque los mismos argumentos para compensar a la empresa Indigo persisten para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Y por estos tres años tranquilamente habrá que pagar unos 600.000 euros.

Pero la cosa no se queda ahí ya que el contrato con la concesionaria tiene validez hasta el año 2032. Y a la vista de la sentencia judicial (salvo giro inesperado) se reconoce ese reequilibrio económico financiero hasta esa fecha. Dicho de otra manera, este culebrón le podría costar al Ayuntamiento alrededor de cinco millones de euros.

El equipo de Gobierno tiene ahora la posibilidad de negociar. A sabiendas, sí o sí, de que de alguna manera va a tener que pasar por caja. Dicho de otra manera, lo que se va a discutir es si el Ayuntamiento paga al contado, año a año o en especie. Una posibilidad que se abre (aunque esto no quiere decir que ambas partes estén por labor) es la de llegar a un acuerdo para transformar las plazas en rotación, cuya ocupación bajó en picada, por estancionamientos para residentes.