Solo en 2022 y solo la entidad Accem (hay otras que también se ocupan de este colectivo) atendió en Burgos a 1.968 personas que llegaron a España con la intención de solicitar asilo internacional y, por tanto, convertirse en refugiadas. Se trata de gente que sale de su país porque entiende que allí no se dan las condiciones políticas o sociales para que su vida discurra con normalidad, una circunstancia que se vio a gran escala cuando estalló la guerra de Ucrania. Tanto ese conflicto como los más soterrados que se viven, por ejemplo, en Colombia y Venezuela han hecho que la cifra de migrantes de estas características haya crecido exponencialmente y, por tanto, que se hayan multiplicado las necesidades sociales de las mismas. En Cáritas lo saben bien. El albergue municipal que gestionan desde hace décadas el año pasado se vio por primera vez -debido a esta causa- obligado a instalar una lista de espera y a colocar un cartel que advertía que allí no se podía pernoctar. Este verano la situación sigue muy tensionada pero, según explica David Polo, responsable del área de Personas sin Hogar de la entidad, no es la de hace unos meses porque se está manteniendo un equilibrio precario, pero equilibrio al fin, contando «con una gran colaboración por parte de los técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento y de las otras entidades sociales de la ciudad con la que trabajamos en red».
La razón tiene que ver con que el número de personas que vienen buscando asilo político no para de crecer y con que son víctimas del atasco burocrático existente desde hace meses y que no se resuelve, porque sigue sin haber manera de conseguir una cita con la Policía Nacional donde puedan expresar su petición de refugio. También están al albur de mafias que están traficando con las citas (hace un tiempo hubo detenidos por esta causa) y que se ceban en la vulnerabilidad de estas gentes, que llegan a un país del que lo desconocen todo. Tal es así que la mayoría de ellas se encuentra en tierra de nadie y a los tres meses de llegar a España pasan de ser turistas a ser inmigrantes ilegales con riesgo de ser deportados.
Y como mientras tanto deben encontrar un sitio donde dormir y no suelen venir con recursos como para alquilar una casa acuden al albergue municipal. El día que DB estuvo allí para conocer esta situación Antonio García, venezolano de 25 años, había acudido por primera vez a Cáritas porque no tenía dinero para comer y aunque por entonces aún disponía de alojamiento en breve iba a tener que marcharse de allí. Ya había estado en Cruz Roja, tenía cita para ser atendido en Burgos Acoge, debía ir al ceas, empadronarse y hablar con varias trabajadoras sociales. Como él decenas de personas andan de un recurso a otro con una carpeta debajo del brazo donde guardan todas su documentación y las indicaciones que tienen que seguir para poder comer y dormir.
En su caso se suman dos circunstancias. Por un lado, tiene una enfermedad neurodegenerativa, esclerosis múltiple, para la que no encuentra medicación en su país «ni teniendo dinero», y, por otro, perdió su trabajo por razones políticas. Este chaval cuenta que se dedicaba laboralmente a las relaciones externas del ayuntamiento de la ciudad de El Tigre «cuyo alcalde no es del mismo partido que gobierna Venezuela y fue encarcelado»: «A sus colaboradores nos aconsejaron también que nos marcháramos para no tener problemas». Allí ha dejado a su madre, que tiene una discapacidad, y a su hermana. Ambas dependen del dinero que él las envíe.
Además de hacer gestiones en toda la red social de Burgos, Antonio anda buscando trabajo, y para ello exhibe su dominio de varios idiomas. Dice que ha hecho algún contacto en hostelería pero que los contratantes temen que su situación legal sea un problema si sufren una inspección de trabajo. «También alguno me ha dicho que aquí no se ve bien a la gente racializada como yo», explica, aunque sabe que no es la mayoría de la población.
En Cáritas desconocen si la condición de paciente crónico de Antonio le otorga alguna condición de vulnerabilidad que hiciera más fácil su acceso a la tan ansiada cita con la Policía Nacional que inicia el camino de la solicitud de asilo, aunque tienen dudas. «Nos hemos encontrado con familias con niños pequeños con las que no han tenido ninguna consideración, es decir, que no es un elemento que tengan en cuenta. Realmente nos gustaría saber qué casos se entiende que son más prioritarios», añade Polo. En varios de estos casos -recuerda a una familia de Georgia y otra de Colombia-, la entidad se ha ocupado de una parte de la familia y de otra, la orden de las Hijas de la Caridad.
Este es el perfil mayoritario que recibe el albergue desde hace meses y para hacerle hueco y no olvidarse de las otras personas que también requieren sus servicios (tienen viviendas tuteladas, se ocupan de quienes salen de la cárcel sin sitio adonde ir, tienen ocho plazas conveniadas con las Hijas de la Caridad...) los tres trabajadores del área cuentan con una gran flexibilidad. «En el albergue andamos al día, vamos caso por caso intentando hacer la cuadratura del círculo para no dejar fuera a nadie que lo necesite, frenando, por ejemplo, el acceso de quienes tienen derecho a una ayuda de urgente necesidad y pueden apañarse de esta manera. Tenemos mucho estrés pero es nuestro trabajo», señala Polo.
Reestructuración. El albergue cuenta con 40 plazas de las que 2 han de estar siempre disponibles pues son para las urgencias que se pueden producir a deshoras (alguien que sale del hospital sin un sitio adonde ir, una persona que es encontrada por la Policía Local en la calle...). Hasta que comenzó la llegada de refugiados, diez de ellas eran para personas de paso -lo que antes se llamaba transeúntes- y ahora lo son seis, aunque también reconoce que esta demanda ha descendido; cuatro eran para usuarios que estaban a la espera de ingresar en un recurso social (residencia de ancianos, programas de desintoxicación) y ahora lo son dos. Para refugiados tenían diez y las han multiplicado por dos.