La burocracia, desgraciadamente, cada vez está más integrada en las tareas de los docentes: cumplimentación de actas, informes, formularios, programaciones, memorias…, que, en muchos casos, se tratan de documentos repetidos e inservibles que únicamente tienen el objetivo de cumplir el expediente y el trámite administrativo, pero que no aportan ningún valor al aprendizaje, ni del estudiante ni del profesorado, ni tampoco tienen utilidad para mejorar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza.
La tecnológica aplicada a la administración, en este caso educativa, prometía reducir la burocracia y hacer una gestión menos tediosa, pero realmente no ha sido así. Antes bastaba con llamar al número de teléfono correspondiente para solucionar un tema o simplemente solventar una duda. Ahora, además de que es probable que nadie te coja ese teléfono, necesitas cumplimentar 3 anexos diferentes, firmarlos digitalmente, subirlo a la sede virtual a través de tu certificado electrónico, y, esperar, en el mejor de los casos, a tener una respuesta a corto plazo. Esto satura y 'quema' al profesorado, y lo más importante, quita tiempo de lo más relevante: preparar e impartir las clases, aplicar procesos de evaluación formativa con el alumnado o tener un apoyo más individualizado al alumnado. La tecnología es sin duda un gran avance, pero aplicada con lógica y criterio, algo que no está sucediendo en muchos contextos.
Gran parte del profesorado manifiesta que las tareas administrativas les generan estrés y desmotivación, percibiéndolas como una carga de trabajo innecesaria y desalentadora, lo que afecta negativamente a su bienestar emocional y mental. Además, esta burocracia tiende a ser rígida y poco flexible, lo que puede limitar al profesorado adaptar sus métodos de enseñanza a las características de su alumnado o realizar procesos de innovación en sus prácticas educativas. Estas regulaciones curriculares y normativas, que si bien son necesarias para seguir unos mismos parámetros, tienen que tener una cierta flexibilidad y otorgar valor a la práctica del aula, ya que si no acaban siendo meras gestiones que el profesorado vivencia como ajenas a su profesión.
Existen estudios científicos que muestran cómo los entornos educativos más burocráticos son menos proactivos a la formación permanente del profesorado y a la innovación educativa, provocando en el profesorado un mayor desaliento a la hora de aplicar diversidad de enfoques pedagógicos. Del mismo modo, existen evidencias que reflejan que cuando las demandas burocráticas son excesivas, el profesorado se siente más infravalorado e incompetente en su labor como docente, lo que puede conllevar a un deterioro en el compromiso y la satisfacción laboral. Por todo ello, ese esencial que desde la administración educativa se busque un equilibrio adecuado entre la burocratización y el desempeño de la profesión del docente.
En definitiva, no se comprende, ni podemos permitir, que un docente esté más preocupado del 'papeleo' y de las gestiones y tareas administrativas que de preparar e impartir sus clases. Es fundamental que desde la administración se filtre toda la carga legislativa que se demanda a los centros educativos y que se dote de personal específico para realizarla. Al docente hay que dejarle realizar su trabajo en el aula (que bastante es) y no someterle a una excesiva, constante y desmotivadora burocracia.