Que el debate sobre la toma en consideración de la propuesta conjunta sobre la reforma del poder judicial, tanto para el nombramiento de los vocales del CGPJ como para poner condiciones al nombramiento del fiscal general del Estado, y la vuelta a la judicatura de los jueces que se hayan dedicado a la política se iba a convertir, más en una riña de las partes de un matrimonio de conveniencia que en la celebración de la ceremonia, estaba cantado desde el día siguiente en el que Félix Bolaños y González Pons firmaron el acuerdo bajo la vigilancia de la Comisión Europea, que curiosamente, no ha dicho nada acerca de que sea garante del acuerdo como afirma el PP.
Para quienes esperaban que el pacto para renovar el CGPJ fuera un momento de tregua entre el Gobierno y el PP se equivocaban. Ambos se consideran vencedores en el acuerdo que se presentó como una vuelta al consenso que ha marcado el devenir del bipartidismo, el Gobierno porque ha liberado al órgano de gobierno de los jueces del secuestro del PP y le ha hecho cumplir la Constitución, y el PP porque está convencido de que lo firmado es que los jueces elijan a sus pares para el CGPJ, algo que no aparece en el acuerdo por ninguna parte salvo en las interpretaciones interesadas.
Para celebrar de celebración- un pleno sobre un pacto de Estado, las intervenciones no han podido ser más acres. En lugar de a un alegre casamiento de los contrayentes -PP y PSOE, y había motivo para ello-, se ha asistido a un divorcio de los contrayentes en el que hasta los testigos han echado leña al fuego para poner de manifiesto lo que se sabía, que una vez firmados los papeles de boda estaban sobre la mesa los documentos del divorcio y las facturas que cada parte tendrá que afrontar. Como ni el PP ni el Gobierno se ponen de acuerdo sobre la interpretación de lo que han firmado es preciso esperar a ver que hacen los próximos vocales del CGPJ, primero con el nombramiento de su presidente y luego con su primera obligación, la elaboración de una propuesta sobre cómo se elegirá a sus sucesores. Ahí se verá el alcance del pacto. O del divorcio.
Si los portavoces del PSOE y del PP, representantes de los firmantes del desbloqueo del CGPJ, se han dedicado a despellejarse, los portavoces del resto de los grupos parlamentarios, próximos a uno y otro, se han dedicado a mostrar que el rey está desnudo, que no habrá ni retirada de la influencia política de los partidos sobre los jueces ni impulso a la independencia judicial.
Por si este asunto no tuviera la suficiente enjundia, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha propuesto que buques de la Armada se sitúen frente a las costas de los países emisores de migrantes irregulares para impedir que los cayucos lleguen a nuestro territorio, una propuesta arbitrista que se mimetiza con otras realizadas por Vox y que desconoce la ley del mar y los fundamentos básicos de las relaciones y la cooperación internacional, y carece de un mínimo sentido humanitario, además de demostrar un comportamiento insolidario incluso con los propios gobernantes autonómicos populares que sufren las consecuencias de las llegadas de pateras o cayucos. Miguel Tellado afirma que la reacción del Gobierno a su propuesta es una cortina de humo para tapar -como si fuera posible- la declaración ante el juez de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Pero y él ¿qué pretende ocultar con una idea semejante?