Las cifras que el Ministerio del Interior ha recogido en el primer trimestre del año en la provincia sobre delitos contra la libertad sexual han experimentado un cierto descenso. Así, si entre enero y marzo de 2022 se registraron seis agresiones sexuales con penetración (violaciones, en el lenguaje coloquial), en el mismo periodo de 2023 han sido cuatro, lo que ha supuesto una bajada del 33,3%. El resto de delitos que se incluyen en este epígrafe (acoso, abuso, exhibicionismo, prostitución) ha pasado de 13 a 6, lo que se corresponde con una caída del 53,8%. El Ministerio advierte que aún no se trata de datos consolidados, ni los de 2022 (19 en total) ni los de 2023 (10), por lo que pueden experimentarse variaciones cuando se cierren definitivamente. En Castilla y León, en general han sufrido también una ligera disminución, en concreto, del 3,9% al pasar de 129 a 124 pero yendo al detalle, ha habido cinco violaciones más (han pasado de 25 a 30) y del resto de delitos, diez menos (104 en 2022 y 94 en 2023).
Este tipo de estadística se ofrece en Interior desde 2016 y así se ha comportado en la provincia. En ese año hubo 13 delitos (ninguna violación), 11 en 2017 (también sin agresión con penetración), 12 en 2018, con tres violaciones; 24 en 2019; 18 en 2020 (2 violaciones) y 12 en 2021 (dos violaciones).
En un primer análisis de las cifras de este año, la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda, Laura Pérez de la Varga, se muestra cauta y asegura que quiere pensar que funcionan las campañas que se realizan para que las mujeres denuncien estas agresiones y que este ligero descenso también podría deberse al cambio social según el cual cada vez es menos tabú hablar de ello.
Fue en octubre de 2022 cuando cambió la legislación sobre este tipo de delitos contra las mujeres con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, llamada por el Ministerio de Igualdad (Unidas Podemos) 'ley del solo sí es sí', que equipara el abuso y la agresión sexual y que tuvo como efecto que más de mil violadores vieran reducidas sus condenas e incluso que alguno fuera excarcelado. Tras el impacto social que tuvo este hecho y el debate político que generó, la norma fue modificada con los votos a favor del partido del Gobierno, PSOE, con el apoyo del Partido Popular.
Las mujeres burgalesas que sufren una violación tienen que acudir al HUBU, que dispone de una guía ginecológica que recoge las atenciones que ha de recibir la víctima como las exploraciones y las tomas de muestra a las que deben ser sometidas y contempla las actuaciones que se han de seguir en el caso de que la agresión sexual se hubiera producido tras un proceso de sumisión o vulneración química. Ocupa una posición relevante también la prevención del embarazo, de las infecciones de transmisión sexual y de las secuelas psicológicas. Cuando sale del hospital, el sistema sigue pendiente de ella con llamadas y revisiones.