La pasividad con la que el Ayuntamiento se ha movido en el conflicto judicial sobre la indemnización de la Camposa, cuya inacción podría salirle muy cara a la Administración municipal, no parece haber pillado a todos por sorpresa. Este periódico ha tenido acceso a un informe, premonitorio o no, que elaboró el anterior letrado jefe del Consistorio capitalino antes de abandonar el cargo (cansado de la situación del departamento que dirigía), en el que ya alertaba de que la «precariedad» en la que se encontraba la Asesoría Jurídica estaba teniendo importantes consecuencias.

El exletrado jefe señaló directamente al Técnico de Administración General (TAG) que se encontraba junto a él en la Asesoría Jurídica, de quien afirmó que «se caracteriza por una combinación preocupante de mínimo esfuerzo y dedicación, rayanos en la desidia, además de una manifiesta carencia de preparación jurídica y nulo interés en especializarse o formarse».

La cosa no se quedó ahí, ya que en este duro informe, fechado el 12 de junio y que se dejó en los cajetines de los concejales de la Corporación entrante, se dejó constancia de la preocupación del letrado jefe y que ésta se centraba en que esa «desidia» se había «traducido en múltiples errores, algunos de ellos con un elevado coste para la Administración, que no voy a detallar, pero de los que podría dar cuenta si así se me interesara». Se desconoce si ha habido en estos más de ocho meses de legislatura algún contacto con él para saber de esta denuncia que puso en conocimiento de los concejales. Esos errores de los que hablaba en el informe, según lamentó, quedaban siempre «enmascarados por su aparente bonhomía» (afabilidad, bondad...).

No es ese TAG el único señalado, ya que en el informe también se hace referencia a un empleado municipal que «no prorrogó su comisión de servicios» y cuya convocatoria, según dejó caer, «no se publicitó como exige la jurisprudencia». De esta persona, afirmó que «transmite una mejor impresión, bajo la que se ocultan, merced a una selección de aquellos asuntos poco complejos, pero que se prestan al lucimiento y de un aparente rigor que en realidad enmascara una escasa capacidad de ofrecer soluciones, una formación y capacitación mediocres».

Este informe, del que públicamente no se conocía su existencia, se convierte en actualidad tras conocerse que el juzgado requirió hasta en tres ocasiones al Ayuntamiento que se pronunciara en relación a la indemnización que hay que pagar a la promotora del solar de la Camposa. Porque aunque se desconoce cómo terminará este asunto, lo cierto es que todo apunta a que durante meses, hasta la contratación de un nuevo letrado jefe, el Consistorio no ha tenido defensa jurídica en este asunto y quién sabe si se han dado otros casos en los que la inacción municipal ha tenido también otros costes.

Aquel escrito también venía acompañado de propuestas como la de la convocatoria de su plaza, la del letrado vacante mediante oposición libre, la cobertura del puesto de administrativo (alababa el trabajo encomiable de la que ya estaba) y sugería dejar de contratar los servicios de Procuraduría, ya que eso «supondría un cuantioso ahorro para el erario municipal».