No sé ustedes, pero yo tengo claro que el día en el que los okupas, violentos o no, inquiliokupas varios y todas esas mafias de las llaves volanderas… asalten las casas de un presidente del Gobierno, expresidente, ministro, consejero, alcalde, concejal, parlamentario, alto magistrado, dignatario, dirigente político... comenzarán nuestros gobernantes a tomarse en serio y a buscar soluciones a este grave problema. Está muy bien abrir oficina de información antiocupación, pero necesitamos medidas legislativas, judiciales y policiales efectivas que protejan y garanticen efectivamente el ejercicio de la propiedad privada. 

Una panoplia de partidos populistas e independentistas de distintos pelaje, todos a la izquierda del PSOE, obligaron a Pedro Sánchez -que, por cierto, es también rentista- a enterrar esa desokupación exprés que anunció en su día y a dar luz verde a una ley de vivienda que tiene más lagunas que Neila y peligros que el sendero de las Calderas. Y es que la nueva norma viene, sino a santificar, sí casi a beatificar la okupación. Crea más incertidumbre e inseguridad jurídica, demoniza a los propietarios y rentistas y además provoca auténticos dramas familiares, serios problemas de convivencia e incluso enfrentamientos vecinales a pie de calle.

En Burgos, la epidemia no es tan virulenta ni alcanza los tintes violentos de Barcelona o Madrid, pero todo se andará. La inseguridad jurídica es evidente que provoca un retraimiento de la oferta, también un claro efecto llamada y además permiten actuar con impunidad a los okupas, impidiendo que la policía y los jueces actúen con la celeridad y eficiencia ante los asaltos. 

El derecho a la propiedad es igual de sagrado y constitucional que el que garantiza el acceso a un techo digno para todos los españoles. En ambos casos el garante es el Estado. Es, por tanto, el Gobierno el que debe proporcionar un techo digno, a través de políticas serias de vivienda social y no de improvisadas tómbolas, a familias y ciudadanos verdaderamente vulnerables y efectivamente necesitadas. No puede pasar el marrón al ciudadano de a pie. 

No puede ser que además de pagafantas del Gobierno muchos de esos rentistas y propietarios, violentados en sus derechos, tengan que afrontar largos y tortuosos calvarios judiciales y económicos antes de que puedan recuperar su piso, seguramente vandalizado.