La DirecciónGeneral de Tráfico (DGT) busca soluciones para regular el imparable crecimiento de la micromovilidad urbana. Los patinetes eléctricos tienen su espacio en las ciudades y sus usuarios se multiplican con el paso de los años, una situación que ha generado un nuevo desencuentro entre las dos partes.

En los últimos meses ya se planteó la necesidad de imponer un seguro obligatorio a los vehículos de movilidad personal (VMP), los cuales miran con mucho recelo las novedades normativas que se aplicarán a partir de enero de 2024.

A partir de entonces, todas las marcas y modelos deberán contar con un certificado oficial e incluirán una serie de mejoras de equipamiento. Todo está incluido en el Manual de Características Técnicas de los VMP, un documento que ha encontrado el rechazo inicial de las federaciones y asociaciones de usuarios.

La obligación de incorporar a estos aparatos sistemas de frenos, ruedas adherentes y luces adecuadas se presenta como fundamental para evitar cualquier accidente, unos requisitos que se unen a la necesidad de incorporar una placa informativa en un lugar visible donde se especificarán las características del patinete.

Sin embargo, la Asociación de VMP de Burgos muestra su preocupación por la aplicación de una normativa que dará tres años de margen hasta su implantación definitiva.Las dudas generadas son numerosas en este momento, tanto desde un punto de vista técnico como desde el económico. «Hay muy pocas marcas que hagan el certificado de patinetes porque en algunos casos será imposible», explica el presidente de este colectivo local, ManuelLeal.

Llegado este punto, ¿qué opciones tienen los usuarios para convertir sus patinetes a las características exigidas en la futura normativa? Según los afectados, pocas. «Creo que no se va a cumplir según está planteado porque es una barbaridad. Hay que tener en cuenta que hay cientos de miles de patinetes ya fabricados y que necesitan una solución. ¿Los tiramos a la basura?», se plantea.

Leal considera que España «se ha apresurado» al dar este paso y recuerda que los patines ya cuentan con los certificados exigidos por la Unión Europea.Por todo ello, la transición presenta muchas dudas, puesto que en tres años miles de vehículos quedarán obsoletos. «Puedes comprar un patinete por 1.000 euros para tirarlo a basura en tres años.Tal y como está planteado, no habrá más opciones que comprar uno nuevo», explica Leal, quien considera que en muchos casos la adaptación resultará más cara que la adquisición. 

«No tiene sentido», se pregunta. «En su momento, un coche se podía adaptar a los nuevos elementos de seguridad como fueron los cinturones obligatorios, pero ¿quién va homologar los patinetes?¿Cómo lo va hacer? ¿Cuánto va a costar?», apunta.

Por esto, las distintas federaciones y asociaciones españolas han pedido a la DGT «soluciones» a sus dudas, «pero no está por la labor». «Han sacado su normativa y ya han cumplido, pero es muy difícil adaptarse», insiste el representante de los usuarios de Burgos, quien recuerda que «la mayoría» de los vehículos «ya llevan luces e intermitentes por seguridad».

La situación es compleja para los usuarios, quienes reconocen la necesidad de legislar su presencia en las ciudades para centrar sus quejas en el origen de las normativas. «La ley tendría que haberse hecho bien y tendría que haber sido la misma que la de los ciclos porquecrean un problema donde no lo debería haber», resume Leal, quien advierte de un nuevo encarecimiento del precio de los patinetes por los costes de la homologación de los modelos.

«Lo que se considera VMP y lo que no ya está en vigor», recuerda por su parte RaúlGalán, jefe provincial de Tráfico. «El problema a partir de 2024 es saber qué se compra porque puedes adquirir un ciclomotor o un vehículo que no cumple con la normativa», advierte, para recomendar el asesoramiento especializado.

Sea como fuere, Galán recuerda que el Manual elaborado por la DGT podrá adaptarse con agilidad en el futuro según las circunstancias que surjan porque no requerirá los trámites burocráticos exigidos en una reforma del reglamento de circulación.