A principios de los 2000, en un viaje a Budapest, me topé con el fenómeno de las viviendas turísticas, por aquel entonces no muy extendido en España. Viajábamos en grupo y la encargada de buscar alojamiento lo hizo a través de una web en lo que creímos un apartahotel. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al llegar solo encontramos un edificio de vecinos. Aclarado el asunto, nos encontramos en un apartamento que no reunía las características descritas y sí numerosas deficiencias. Sin saber dónde reclamar, pasado el cabreo inicial, decidimos no perder el tiempo y disfrutar del viaje.

Esta experiencia volvía a mi mente tras leer una información sobre la proliferación de viviendas y apartamentos turísticos en Málaga, una de las ciudades mas afectadas por este fenómeno, en la que varias personas denunciaban sentirse estafadas por el lamentable estado en el que encontraron algunos de estos alojamientos, habilitados en los lugares más variopintos. Lo cierto es que no hay ciudad, grande o pequeña, que no se vea afectada ya que es la opción que cada vez utiliza más gente a la hora de viajar porque resulta más cómoda y económica que las alternativas tradicionales. Sin embargo, cuenta con una cara b muy preocupante que va más allá de las malas condiciones que reúnan las viviendas.

La proliferación de alojamientos turísticos, que afecta mayoritariamente a los centros históricos, expulsa a los vecinos de los bloques de viviendas, acaba con la oferta de pisos de alquiler, que ven multiplicado su precio e influye directa y negativamente sobre el comercio tradicional en las zonas afectadas; además de producir molestias a las comunidades de vecinos que sufren el continuo trasiego de personas. En Burgos, muchas de ellas, como publicó este diario, ya están cambiando sus estatutos para prohibir expresamente esta actividad económica. El Ayuntamiento de Burgos la regula exigiendo, en el caso de los apartamentos, edificios exclusivos o accesos independientes y porcentajes máximos en edificios y manzanas en el caso de las viviendas. Medidas que sirven de poco si no entra en juego la vigilancia y la sanción, especialmente a las que actúan ilegalmente que son muchas. Tampoco hay que olvidar la responsabilidad y el poder que tenemos los consumidores de cambiar tendencias a través de nuestras elecciones.