El Ayuntamiento de Miranda no está exento de la problemática okupa. En los últimos años han tenido que intervenir en varios casos, pero ahora la administración local está implicada como parte, porque varias personas han entrado ilegalmente en el edificio de su propiedad en la calle El Olivo, en el barrio de Bayas. A esta casa accedieron hace más de una semana. En concreto, y según cuentan los vecinos, «la madrugada del sábado después de San Juan del Monte». El concejal de Servicios Sociales, Pablo Gómez, confirma esta situación y añade que el Consistorio ha interpuesto una denuncia para forzar a través de los juzgados una salida de los okupas.

En el barrio reconocen «la incertidumbre» que genera esta situación, aunque por ahora no han tenido mayores problemas y matizan que «casi ni se nota que están, porque se les ve muy poco», admite una vecina. Al parecer, forman parte de una familia que tiene alquilada otra vivienda en la cercana calle Santa Ana, aunque por la de El Olivo la patrulla de Policía Local «se ha pasado un par de veces», afirman en el vecindario. En cualquier caso, el edil indica que por ahora no se han ido, por lo que se han visto obligados, como cualquier otro propietario, a judicializar el asunto.

Gómez puntualiza que «en el edificio de la calle El Olivo es solo una vivienda la que está implicada», aunque el Ayuntamiento dispone de la totalidad del inmueble, donde hay otras de cinco estancias. Este edificio es uno de los que se rehabilitó con la extinta empresa municipal de Viranda. El responsable de Servicios Sociales aclara que «cuando tuvimos constancia interpusimos esta denuncia y ya hemos solicitado al juzgado que realice las acciones pertinentes en este tipo de situaciones».

Por lo tanto, esperan que se emita una orden de desalojo y que los okupas abandonen la vivienda en el menor tiempo posible, aunque habrá que ver si dejan el piso por su propia voluntad o el Ayuntamiento tiene que esperar a que el juzgado avance. Tanto este, como el resto de apartamentos, permanecía vacíos, aunque el concejal matiza que sí que tienen un uso destinado a los Servicios Sociales. En cualquier caso, no han tomado medidas para suministrar ninguna alternativa a las personas que han accedido ilegalmente, puesto que consideran que si ayudan ahora a los moradores, pueden abrir una puerta peligrosa para que otras personas primero okupen y luego utilicen los recursos públicos. Además, y por este mismo motivo, en los despachos de este departamento tampoco han valorado, «en ningún momento», puntualiza Gómez, que se queden en esta vivienda. 

Los vecinos hablan también de robos en las casas unifamiliares del barrio, aunque alguna residente en la zona resta peso a esta coincidencia e indica que «aquí de vez en cuando siempre hay casos así». Por parte de la Policía Local, también se matiza que estos hechos no tienen por qué guardar ninguna relación, mientras que en la zona reiteran por un lado «que parecen tranquilos», más allá de la sensación de incertidumbre que se ha generado.