El Ayuntamiento de Miranda estaba a la espera de que los juzgados avanzaran para desalojar a las personas que habían entrado ilegalmente en el edificio municipal de la calle El Olivo, en el barrio de Bayas. Esta medida no solo no ha llegado, sino que la okupación ha crecido en los últimos días, ya que los vecinos indican que han visto más movimiento «y por lo menos han entrado en tres de los pisos», afirma un residente de la zona, que reconoce que la preocupación en el entorno crece, porque ven que la situación puede anclarse en el tiempo sin que llegue ninguna solución. «Hasta que no les echen no tiene pinta de que se vayan a marchar y al ritmo al que van los juzgados habrá que ver», aclara una vecina, que observa cómo cada vez hay más persianas que suben y bajan cada mañana «y también tienen luz», agrega otra.

Por ahora, han colocado alguna planta en las ventanas, han sacado sillas al porche del inmueble, «y les hemos visto metiendo colchones», añaden los residentes de la zona, que sospechan que todavía pueden acceder más personas, a la vista de cómo avanza esta situación, porque el inmueble está formado por seis apartamentos, aunque el Ayuntamiento trató de tomar medidas para que no accedieran al resto. Además, los vecinos también matizan que, en un primer momento, parte de la familia que ahora okupa esta vivienda residía de manera legal en el barrio, «aunque al parecer ahora tampoco pagan a la dueña», explican los vecinos.

En medio de esta situación recuerdan que se han sucedido los robos desde hace unas semanas en la zona. La vivienda está en Bayas, en una parte pegada al barrio de El Poblado de Los Ángeles. Los dos están formados, casi en su mayoría, por viviendas unifamiliares, por lo que algunos vecinos puntualizan que los hurtos suelen ocurrir «de vez en cuando». Aun así, hay cierto miedo y hace un par de semanas hubo una pequeña alerta, ya que algunos vecinos vieron cómo una persona accedía a sus viviendas sin saber quién era.

La actuación de la Policía Nacional permitió que se le detuviera ese mismo día, aunque «no parece que esa fuera la persona que había robado en las casas anteriormente», explican, por cómo actuaba este sujeto que parecía ser un viejo conocido de los agentes «y ya nos han dicho que saldría rápido», revelan los residentes, «porque debió de entrar en cuatro o cinco casas, pero al parecer no se debió de llevar nada».

En el departamento de Servicios Sociales, su concejal Pablo Gómez puntualiza que por ahora no tienen constancia de que haya aumentado el número de pisos okupados de manera ilegal. En cualquier caso, el edil recuerda que «estamos a la espera de que actúe el juzgado para el desalojo, pero seguimos sin tener avances en este caso, porque no nos han dicho nada», confirma el responsable municipal.
Gómez reitera que no se han planteado ofrecer ninguna alternativa a estas personas, como ya indicó en un primer momento, porque podía suponer un precedente que invitara a otra gente a actuar de la misma manera, es decir, primero entrar ilegalmente y luego pedir una solución. Lo que también recuerda el edil es que estas viviendas, aunque estuvieran vacías en el momento que entraron tras las fiestas de San Juan del Monte, tenían su función dentro de Servicios Sociales «pero mientras no se resuelve la situación  para nosotros están inhabilitadas» confiesa, sin que haya otra alternativa.