8 de junio de 2024. Tal día como hoy hace 20 años fueron descubiertos en su piso de la calle Jesús María Ordoño los cadáveres de Salvador Barrio; su esposa, Julia Dos Ramos, y el hijo pequeño de ambos, Álvaro, que fueron salvajemente asesinados unas 24 horas antes tras recibir más de 100 cuchilladas en total. Y dos décadas después, tal como marca la ley, prescribe el triple asesinato, uno de los casos más truculentos acaecidos en la historia criminal de esta provincia. Solo podrá ejercerse la acción judicial, a partir de ahora, contra las dos personas que en este tiempo han tenido el estatus investigadas: Rodrigo Barrio, el hijo mayor del matrimonio, que el día de autos se hallaba en el colegio arandino de La Aguilera, y Ángel Ruiz, el vecino de La Parte de Bureba que está en prisión por matar en 2011 a una vecina del pueblo atropellándola con un coche. El plazo de prescripción -de 20 años- en estos casos se interrumpió en el momento en que la acción judicial se centró en sus personas y empezó a correr cuando los procedimientos fueron archivados, en 2010 y en 2023 respectivamente.
Por tanto, la resolución del caso se torna más complicada aún a partir de hoy. O surgen pruebas que permitan impulsar las causas sobreseídas temporalmente contra Rodrigo o Angelillo -cosa que en estos momentos parece muy remota- o alguien -sea quien sea- confiesa que ha cometido el triple crimen. Existe una tercera posibilidad, que apunta el abogado de Félix, el hermano de Salvador Barrio. El letrado burgalés Pedro Torres considera que con el caso prescrito «puede que el asesino se relaje y haga algún comentario en su entorno que pueda resultar sospechoso a quien lo escucha y éste acuda a la Policía a contarlo». «No sería la primera vez que un caso se cierra por una indiscreción del criminal», remacha.
Ahora bien, si las pistas no conducen a las dos personas ya investigadas judicialmente sino a otras que no han aparecido en la causa «el triple crimen quedará impune». Será una pena pero por lo menos se sabrá la verdad. «Y la verdad, aunque no tenga castigo, puede se reparadora también», afirma el fiscal jefe de Burgos, José Fernández. El representante el Ministerio Público reconoce que desde el archivo del procedimiento contra Ángel Ruiz, la Policía Nacional no ha remitido ninguna información conducente a la reapertura judicial de la causa. «La Policía no ha abandonado el caso nunca y continuará con él», agrega. De hecho, aunque no puedan ser juzgados, si la investigación centra el tiro en nuevos sospechosos deberá llegar hasta las últimas consecuencias. Y ya será el juzgado instructor, el número 2 de Burgos, el que tome la decisión sobre qué hacer. La ley marca que una vez prescrito el caso no hay opción de sentar en el banquillo a nuevos investigados, «pero esto debe ponerse negro sobre blanco en una resolución judicial», afirma el propio Fernández.
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